A menos de tres meses de las elecciones del 26 de octubre, 18 jueces federales electorales de todo el país salieron de la Casa Rosada con más preguntas que respuestas sobre la flamante Boleta Única Papel (BUP).
En la reunión, encabezada por el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y funcionarios de la Dirección Nacional Electoral, se informó que 11 empresas —la mayoría radicadas en la provincia de Buenos Aires— estarán a cargo de imprimir las boletas. Sin embargo, no se dieron precisiones sobre quiénes son, cómo trabajarán ni bajo qué controles.
Los magistrados también pusieron la lupa sobre el Correo Argentino, dudando de su capacidad para distribuir el material en tiempo y forma. El Gobierno prometió datos más claros… pero recién “en el transcurso de la semana”.
La Boleta Única Papel, instaurada por la Ley 27.781 en 2024, promete más transparencia al unificar en una sola papeleta todas las categorías y partidos. Sin embargo, entre la falta de información oficial y las polémicas por los recientes cambios en los circuitos electorales bonaerenses —impulsados por el juez Alejo Ramos Padilla y frenados por la Cámara Nacional Electoral—, el debut de este sistema llega con nubarrones y tensión política.
