El diputado Carlos Cisneros presentó en el Congreso una iniciativa que busca fortalecer el Sistema Federal de Búsqueda de Personas (SIFEBU) y crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas, con el objetivo de darle al Estado herramientas más efectivas para actuar ante uno de los problemas más dolorosos y persistentes del país.
Actualmente, cada búsqueda depende del criterio y los recursos de la jurisdicción donde se produce la desaparición. El resultado: investigaciones desiguales, falta de coordinación y, lo más grave, la ausencia de datos oficiales sobre cuántos argentinos tienen paradero desconocido.
El proyecto propone que toda persona cuyo paradero se desconozca sea registrada de forma inmediata como desaparecida, y que se mantenga esa condición hasta que se determine con certeza su destino.
De esta manera, busca eliminar los vacíos administrativos que hoy dejan a miles de familias sin respuestas ni seguimiento estatal.
“No puede ser que las familias pasen años con la incertidumbre de saber qué le pasó a su ser querido. Una norma con jerarquía de ley le da estabilidad institucional y establece obligaciones concretas para el Estado”, explicó Cisneros, diputado de Unión por la Patria.
El legislador también destacó que su iniciativa garantiza un abordaje con perspectiva de derechos humanos y de género, algo que diferencia a este proyecto de otros intentos previos.
Según cifras del propio SIFEBU, hacia fines del año pasado existían 43.450 búsquedas activas en todo el país, aunque cerca del 90% se encontraban sin efecto. En muchos casos, la persona ya había aparecido, pero la base de datos no se había actualizado.
Con la creación del nuevo registro nacional, el proyecto apunta a resolver una de las principales falencias del sistema: la falta de información confiable y la desarticulación entre fuerzas provinciales y federales.
La iniciativa fue girada a las comisiones de Derechos Humanos y Garantías, Justicia, Seguridad Interior, y Presupuesto y Hacienda, donde espera su tratamiento.
“El objetivo es lograr un consenso amplio —sostuvo Cisneros— porque este es un tema que trasciende los colores políticos y representa una deuda del Estado con las familias”.
