Un hecho inédito se vivió en el Senado de la Nación justo antes de aprobarse por unanimidad un aumento excepcional en las jubilaciones. Una caída del sistema dejó fuera de servicio los servidores utilizados por los legisladores para emitir su voto electrónico, por lo que la votación debió hacerse de manera oral y a mano alzada.
Pese al inconveniente técnico, el proyecto fue aprobado con 52 votos afirmativos y 4 abstenciones por parte de bloques provinciales aliados. Llamativamente, todos los senadores del PRO —salvo Guadalupe Tagliaferri— y de La Libertad Avanza estuvieron ausentes. La iniciativa, que contempla una suba del 7,2% en los haberes jubilatorios, fue respaldada por el peronismo, la UCR y algunos representantes provinciales. Desde el Senado confirmaron que, debido a la modalidad de votación, no se labrarán actas oficiales del sufragio.
La sesión había sido impulsada por un grupo amplio de senadores que logró reunir más de dos tercios del cuerpo legislativo, lo que obligó a la vicepresidenta Victoria Villarruel, en su rol de presidenta del Senado, a habilitar el tratamiento de diversos proyectos alternativos al programa del Ejecutivo.
En medio del debate, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le pidió a Villarruel que levantara la sesión. La titular del Senado respondió a través de sus redes sociales: “Cumplo con mi función institucional, me guste o no la sesión”.
Los temas que se debatieron en la sesión
Entre los proyectos con chances de convertirse en ley —al contar con media sanción de Diputados y dictamen de comisión—, se incluyó la declaración de emergencia para el sector de la discapacidad hasta fines de 2027. Esta iniciativa garantiza recursos presupuestarios para mejorar los pagos a prestadores y reactivar el sistema de pensiones. En la Cámara Baja, la medida había sido aprobada con 148 votos afirmativos, 71 negativos y 3 abstenciones.
Además, se debatieron tres propuestas vinculadas al sistema previsional: un aumento extraordinario de jubilaciones por única vez, un bono adicional, y la restitución de la moratoria previsional. Estos proyectos contaron con aval de legisladores del peronismo, el radicalismo e incluso del PRO durante su paso por comisión.
Por otro lado, se discutieron dos iniciativas respaldadas por los 24 gobernadores, que apuntan a mejorar la distribución de fondos a las provincias. Una de ellas propone una nueva coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que se dividiría en un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 57,02% para las provincias y un 28,69% destinado a las obligaciones previsionales del Sistema Único de Seguridad Social. Al no contar con dictamen, ambas propuestas requieren mayoría especial de dos tercios para ser aprobadas. “Se vota y salen los proyectos de los gobernadores por paliza”, anticipó un asesor provincial.
También se incluyó en el temario la eliminación de diversos fideicomisos: los de Infraestructura Hídrica, de Transporte, el Sistema Vial Integrado, el Fondo Compensador del Transporte, el Fondo para el Desarrollo Eléctrico del Interior y el Fondo Nacional de la Vivienda. Los recursos provenientes de estas estructuras serían redistribuidos de acuerdo con los criterios de la Ley de Coparticipación Federal.
Otra iniciativa relevante fue la presentación de un proyecto de declaración —firmado por el radicalismo con apoyo anticipado del peronismo y bloques provinciales— para evitar que el fallo judicial de Loretta Preska afecte la participación accionaria mayoritaria del Estado argentino en YPF.
Finalmente, la Cámara alta buscará revertir el veto presidencial a la declaración de emergencia para Bahía Blanca, una medida pensada para asistir económicamente a la ciudad tras el trágico temporal de marzo. Para lograrlo, también se necesitarán dos tercios de los votos. En su tratamiento anterior, el proyecto había sido aprobado por unanimidad: 64 votos a favor y 8 ausencias.
