El Gobierno reglamentó uno de los cambios más polémicos de la nueva ley laboral: el reemplazo de la indemnización tradicional por un fondo de cese laboral, un sistema que ya funciona en la construcción y podría extenderse a otros gremios.
El cambio fue oficializado esta semana a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y representa una transformación profunda del esquema de protección al trabajador. Ya no se pagará indemnización por despido si el gremio adopta este nuevo régimen a través de convenios colectivos con las empresas.
¿Qué gremios ya no cobrarán indemnización?
Por ahora, solo la UOCRA —el sindicato de la construcción— tiene vigente este sistema, que aplica desde hace años. Ahora, el Gobierno lo toma como modelo para expandirlo a otras actividades.
Aunque no es obligatorio, cualquier sindicato puede sumarse si lo acuerda con las cámaras empresariales, lo que abre la puerta a una reforma silenciosa pero de alto impacto.
¿Cómo funciona el nuevo fondo?
El fondo se financia con aportes mensuales del empleador desde el inicio de la relación laboral. En el caso de la construcción, el esquema actual prevé un 12% del salario durante el primer año y un 8% a partir del segundo.
Ese dinero se deposita en una cuenta a nombre del trabajador, quien podrá acceder al monto acumulado en caso de ser despedido. No es embargable, no se puede renunciar a él, y según el Gobierno, brinda mayor previsibilidad a las empresas.
¿Cuánto se cobra con este nuevo sistema?
El monto dependerá del sueldo, el tiempo trabajado y el porcentaje acordado en el convenio colectivo. Por ejemplo:
Sueldo mensual: $1.000.000
Antigüedad: 24 meses
Aporte: 8% mensual
→ El fondo acumulado sería de al menos $2.263.077, sin contar eventuales rendimientos por inversión.
Críticas desde el sindicalismo
Desde los sectores gremiales más combativos advierten que este sistema implica una flexibilización laboral encubierta, que busca eliminar derechos adquiridos bajo el argumento de “modernizar” el mercado de trabajo. Aseguran que el fondo es una forma de abaratar el costo del despido y debilitar la protección del trabajador.
