La decisión del Gobierno nacional de avanzar con el Decreto 462/2025, que dispone la reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE), generó un fuerte repudio en distintos sectores del país. En La Rioja, el impacto será directo: 95 familias quedarían sin su fuente laboral.
Desde la delegación provincial del INTA alertaron sobre el profundo efecto que tendrá esta medida en las economías regionales y en el entramado social del interior. Ana Córdoba, trabajadora del organismo, señaló que uno de los puntos más preocupantes del decreto es la eliminación del sistema de gobernanza democrático y participativo, que incluía al sector agropecuario en la toma de decisiones a través del Consejo Directivo.
“La participación del sector para el que trabajamos estaba garantizada. Eso desaparece con esta reforma”, advirtió.
Además, Córdoba remarcó que el decreto implica un retroceso en términos de federalismo y presencia territorial, dos pilares históricos del INTA.
“Esta lógica centralista va en contra del espíritu del instituto, que siempre trabajó desde y para los territorios”, sostuvo.
Según explicó, la nueva estructura dejaría fuera al 80 % de los pequeños y medianos productores riojanos, al eliminarse proyectos pensados específicamente para las economías regionales. “Lo que es peor aún —añadió— es que ahora todo dependerá de la voluntad de una sola persona. Y la ciencia, la tecnología y el desarrollo rural no pueden depender de los tiempos de un gobierno”.
En paralelo, Córdoba recordó que el personal del INTA ya venía fuertemente afectado por los recortes iniciados en 2023, con una pérdida del 16 % del personal. Las proyecciones ya indicaban una reducción del 26 % hacia fines de 2026, pero la nueva disposición podría dejar directamente sin empleo a 95 trabajadores y trabajadoras en la provincia.
Por su parte, Hugo Gallardo, jefe de la agencia INTA de Chepes y secretario gremial de APINTA, remarcó que la decisión “no afecta solo al INTA, sino que forma parte de un plan más amplio para achicar el Estado y alejarlo de la gente”. Y agregó:
“El decreto busca cerrar 290 agencias en todo el país y dejar afuera a 1.500 trabajadores, entre ellos quienes se desempeñan en las ocho agencias que tiene el INTA en La Rioja y que trabajan codo a codo con los pequeños productores”.
Gallardo también denunció que desde el año pasado se vienen desmantelando políticas públicas esenciales, como la entrega de semillas, asistencia técnica, capacitaciones y distribución de insumos para huertas y cría de aves.
