Mientras el Congreso avanza con proyectos que prometen mejoras para jubilados, más fondos para las provincias y cambios impositivos, en el Ministerio de Economía suenan las alarmas: el costo fiscal podría ser letal para el equilibrio que el Gobierno intenta sostener.
Según estimaciones oficiales, si se aprueban las iniciativas que hoy se discuten, el impacto podría trepar hasta 2,5% del PBI en 2026, una cifra que directamente desarticula la meta de superávit primario del 2,2% del PBI que necesita Milei para cerrar el año con las cuentas en orden. Solo los cambios previsionales -con aumentos en haberes y nueva moratoria incluida- representarían 2,1% del PBI.
Para este año, el golpe sería menor, pero igualmente delicado: 1,25% del PBI, justo cuando el Presidente subió la vara de exigencia fiscal y ordenó alcanzar un superávit del 1,6%, lo que implica un ajuste adicional de 2,5 billones de pesos.
Consultoras privadas: distintos números, misma advertencia
Aunque desde el Gobierno marcan un escenario de alto riesgo, algunas consultoras privadas estiman un impacto algo menor. Según Analytica, el costo en 2024 sería de 0,49% del PBI, con 0,31% atribuido a medidas previsionales. De todos modos, advierten que el gasto extra puede tensionar las metas oficiales.
En cambio, Invecq calculó que los aumentos y bonos jubilatorios sumarían 1,2% del PBI, más 0,2% por la moratoria y otros 0,3% por medidas vinculadas a discapacidad. Total: 1,7% del PBI. “Con ese nivel de gasto, ni siquiera alcanza para cubrir los intereses de la deuda”, alertaron.
ATN: menos poder para el Ejecutivo, más fondos para las provincias
Otro foco de tensión es el proyecto que busca reformar el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), eliminando la discrecionalidad del Gobierno nacional. La propuesta plantea una distribución automática y diaria basada en la coparticipación, lo que quitaría poder al Ejecutivo y daría aire financiero a las provincias.
Un informe de la Fundación Mediterránea estima que la Nación pasaría de retener el 90% de esos fondos a recibir solo el 41,2%. Córdoba sería la más beneficiada (ganaría un 2,5% adicional de coparticipación), mientras que Chubut sería la única perjudicada. El costo fiscal nacional sería pequeño, 0,05% del PBI, pero suficiente para complicar un panorama ya frágil.
¿Peligran las metas con el FMI?
Aunque muchos de los proyectos tienen una fuerte carga social, el consenso entre analistas es que sin un plan claro de compensación -vía recortes o nuevos ingresos- el equilibrio fiscal queda en la cuerda floja. Y en un contexto de recesión, malestar social y monitoreo constante del FMI, cualquier desvío puede cambiar el rumbo económico de 2025.
