Una denuncia penal presentada en los tribunales federales apunta al presidente Javier Milei, al ministro de Economía Luis Caputo, al excanciller Gerardo Werthein y al titular del Banco Central, Santiago Bausili, por presuntos delitos contra la soberanía nacional.
Según la presentación, los funcionarios habrían delegado de manera ilegal y de facto la ejecución de la política cambiaria argentina a los Estados Unidos, permitiendo la intervención extranjera en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). El objetivo, aseguran los denunciantes, habría sido influir en la cotización del dólar oficial y financiero.
Quiénes impulsaron la denuncia
La causa fue presentada por el economista Claudio Lozano, el abogado Jonatán Baldiviezo, la ingeniera María Eva Koutsovitis y el abogado Marcos Zelaya, junto a las organizaciones Unidad Popular, Observatorio del Derecho a la Ciudad y La Ciudad Somos Quienes La Habitamos.
El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N°12, actualmente subrogado por el juez Julián Ercolini.
Acusan al Gobierno de entregar el control del mercado cambiario
De acuerdo con la denuncia, Milei habría negociado con Donald Trump la delegación de la política cambiaria, mientras que Caputo habría coordinado su ejecución con Scott Bessent, exfuncionario del Tesoro estadounidense. En tanto, el Banco Central habría permitido la continuidad de la supuesta intervención extranjera en el mercado.
Los denunciantes aseguran que la operación se habría concretado a través de bancos internacionales como Santander, Citi y JP Morgan, con el fin de manipular el valor del peso argentino.
“Gravedad institucional sin precedentes”
La denuncia califica los hechos como una situación de “gravedad institucional sin precedentes”, señalando que ni siquiera durante los regímenes de facto se registraron cesiones tan explícitas de facultades soberanas.
Además, advierten que este acuerdo habría implicado condiciones geopolíticas y económicas vinculadas a sectores estratégicos como energía, minería, litio, uranio y petróleo, a cambio de apoyo financiero de Estados Unidos.
Los delitos imputados
Entre los delitos mencionados se incluyen Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, Infidelidad diplomática, Abuso de autoridad, Violación de los deberes de funcionario público, Fraude contra la administración pública y Agiotaje financiero, todos contemplados en el Código Penal argentino.
La denuncia acusa finalmente a los funcionarios de “traición a la patria”, por incumplir su juramento de lealtad y patriotismo y permitir la injerencia extranjera en la política monetaria nacional.
De confirmarse, los denunciantes sostienen que esta presunta delegación ilegal habría entregado a una potencia extranjera el control del valor del peso, el sistema de precios y la competitividad de la economía argentina.
