Denuncian una red mafiosa detrás del desmonte ilegal en Chaco: empresarios, políticos y favores en el Senado

Una investigación impulsada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial destapó una compleja trama de corrupción que vincula a empresarios, funcionarios y dirigentes políticos con el avance del desmonte ilegal en la provincia de Chaco.

El informe, titulado “La Mafia del Desmonte al desnudo”, fue presentado ante la Justicia Federal y detalla cómo operaría este entramado mafioso con documentación oficial, mapas, expedientes y nombres propios.

La denuncia señala la existencia de permisos irregulares para talar bosque nativo, favores políticos a cambio de votos en el Senado nacional y una red de empresas —entre ellas Vicentin— que habrían sido beneficiadas con miles de hectáreas para explotación forestal, incluso en zonas protegidas.

Uno de los apuntados en el escrito judicial es el actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quien aparece vinculado a una empresa con antecedentes en desmontes ilegales. También se menciona al diputado provincial Juan José Bergia, al senador nacional Víctor Zimmermann (ex ministro de Producción de Chaco) y a funcionarios de distintos niveles que, según la acusación, formaban parte del engranaje que autorizaba, facilitaba y encubría el desmonte masivo en áreas prohibidas.

Una maquinaria para desmontar, saquear y ocultar

Los abogados denunciantes afirman que el sistema operó durante al menos una década, entre 2011 y 2021, período en el que se otorgaron más de 1.300 permisos de cambio de uso del suelo. Un dato impactante del informe es que cerca del 20% del total desmontado fue acaparado por apenas 15 propietarios, muchos de ellos representando a sociedades anónimas creadas para operar exclusivamente en esa actividad.

Entre las firmas señaladas aparece Cuenca del Salado S.A., que habría recibido autorización para desmontar más de 7.300 hectáreas —el 94% en zonas donde la tala está expresamente prohibida— y TRIAD S.A., una empresa con domicilio fiscal en el estudio de un ingeniero vinculado a Bausili.

Además, el documento menciona a Las Guindas S.A., de la familia Urquía (propietarios de Aceitera General Deheza), y a integrantes del grupo Vicentin, quienes habrían gestionado permisos por más de 4.500 hectáreas, incluso en cercanías de áreas protegidas.

Canje de votos por desmonte y permisos truchos

Según denunció el abogado ambientalista Enrique Viale, el acuerdo entre actores políticos y el sector empresarial incluyó un canje de votos en el Senado por la aprobación de un nuevo ordenamiento territorial del bosque chaqueño. Este reordenamiento, avalado por el gobierno nacional de Javier Milei, habría rebajado la categoría de conservación de más de 200.000 hectáreas, habilitando su explotación.

La investigación indica que esta maniobra tuvo como contrapartida el respaldo del senador Zimmermann al oficialismo en leyes clave, como el acuerdo con el FMI. “Lo que se presentó como una cuestión técnica fue en realidad un pacto político para legitimar el ecocidio”, señalaron desde la organización.

Uno de los mecanismos utilizados para legalizar el desmonte en zonas prohibidas fue la “recategorización predial”, una figura que habría permitido modificar la clasificación de más de 31.000 hectáreas de bosque nativo, incluso dentro del Corredor Biológico del Chaco Seco y áreas cercanas al Parque Nacional Copo.

Fondos públicos, desvíos y privilegios para empresarios
Otro aspecto grave de la denuncia es la asignación de recursos del Fondo Nacional de Bosques. Esta herramienta, creada para apoyar a comunidades indígenas y campesinas que conservan el bosque, fue usada en sentido contrario en Chaco: según el informe, el 98% de los fondos se entregaron a empresas privadas, muchas de ellas implicadas en desmontes.

Entre los beneficiados figura la Asociación Comunitaria Meguesoxochi, manejada por el diputado Bergia, que habría recibido cerca de 100 millones de pesos mientras promovía actividades extractivas en territorios indígenas.

Entre 2013 y 2018, apenas el 0,9% de los fondos llegaron a comunidades originarias y campesinas, cuando debían ser prioridad según la Ley 26.331. En cambio, más del 69% fue destinado a empresas.

Una trama que trasciende lo provincial

El informe no se limita a responsabilidades provinciales. Según los denunciantes, el entramado delictivo alcanza al gobierno nacional. El aval político para el nuevo ordenamiento forestal chaqueño —cuestionado y judicializado por sus irregularidades— fue, según la denuncia, parte de un intercambio con la Casa Rosada.

“La voluntad política y judicial para actuar es urgente. Sin desmantelar estas redes de corrupción, no habrá regeneración posible, ni social ni ambiental”, concluye el informe.