Ocurrió el sábado por la noche, en una farmacia céntrica de la ciudad de La Rioja. Una mujer, visiblemente alterada y con un arma blanca en la mano, irrumpió en el local de Farmacity ubicado en Av. Perón y Corrientes. Su pedido no era dinero ni venganza: desesperada, exigía un medicamento a base de cannabis para su hijo con discapacidad.
Según relató el encargado del local, Roberto González, la mujer solicitaba cannabidiol 100 mg, un medicamento recetado para cuadros de epilepsia severa como los síndromes de Lennox-Gastaut y Dravet. Con voz quebrada, explicó que su hijo había sido excluido de la cobertura de la obra social y ya no podía afrontar el costo del tratamiento.
La escena fue tan conmovedora que un transeúnte, conmovido por la angustia de la madre, decidió intervenir y compró el medicamento con su propio dinero. A pesar del gesto solidario, se dio aviso a la policía, que acudió rápidamente al lugar. La fiscal de turno, Nadia Schargrodsky, descartó la figura de flagrancia y derivó la situación al área de Asuntos Juveniles, que finalmente acompañó a la mujer y a sus hijos de regreso a su hogar. El arma blanca fue secuestrada y el farmacéutico deberá formalizar la denuncia.
Más allá del hecho en sí, esta historia pone en evidencia una realidad que muchas veces es silenciada: la desesperación de cientos de familias que luchan día a día por garantizar tratamientos esenciales para sus hijos con discapacidad. El sistema de salud, las obras sociales y las autoridades políticas de todo el país deben tomar nota urgente de estas situaciones. La exclusión no puede seguir siendo la respuesta para los más vulnerables.
No se trata de justificar un hecho irregular. Se trata de entender el contexto. De abrir los ojos. De preguntarnos qué haríamos nosotros si un ser querido sufriera y la única opción fuera rogar —o incluso arriesgarlo todo— para conseguir un medicamento.
Es hora de que el Estado mire de frente estas realidades y actúe con humanidad y urgencia. Porque la discapacidad no puede seguir esperando.
