Este miércoles, los bloques opositores en la Cámara de Diputados intentarán aprobar un proyecto para declarar la emergencia en discapacidad con una amplia mayoría, a pesar del rechazo contundente del Gobierno Nacional debido al fuerte impacto fiscal que esta medida implicaría.
Los legisladores de oposición aspiran a alcanzar los dos tercios de los votos para evitar que, como en ocasiones anteriores, se imponga la voluntad del presidente Javier Milei.
La sesión convocada para el miércoles al mediodía fue solicitada por Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. El temario principal incluye un aumento del 7,2% en las jubilaciones, un bono para quienes perciben la mínima, y la declaración de la emergencia en discapacidad, que contempla la actualización de prestaciones y pensiones.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, criticó a los bloques opositores, acusándolos de “poner en riesgo el equilibrio fiscal” al buscar aprobar incrementos en jubilaciones y prestaciones de discapacidad, con un costo estimado en 12.000 millones de dólares. En su cuenta de X, Menem afirmó que “una vez más, el kirchnerismo y sus aliados, con falsa demagogia y total irresponsabilidad, proponen una sesión que podría generar un gasto fiscal equivalente al 1,8% del PBI.”
El proyecto, impulsado por Unión por la Patria y sus aliados, se centra en tres puntos principales: declarar la emergencia hasta diciembre de 2027, aumentar las prestaciones mensuales conforme a la inflación, y fijar las prestaciones en al menos el 70% del haber mínimo jubilatorio.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones oscila entre 1.889.371 millones y 3.627.495 millones de pesos, dependiendo del número de beneficiarios nuevos, que podría variar entre 493 mil y 946 mil personas.
Además, la compensación por la diferencia entre la inflación de 2024 y el valor actual de las prestaciones tendría un costo de 278.323 millones de pesos, junto con un refuerzo de 7.160 millones para talleres de producción vinculados.
Diversos sectores del país vienen reclamando desde hace tiempo la sanción de esta declaración de emergencia en discapacidad, con manifestaciones y marchas que exigen la actualización de los valores de pensiones y prestaciones.
Para la sesión del miércoles, hay cuatro dictámenes en discusión: los presentados por Unión por la Patria, Coalición Cívica, Encuentro Federal y la izquierda; el sector PRO; Democracia para Siempre; y la UCR. Sin embargo, el oficialismo, sus aliados provinciales, el PRO que responde a Patricia Bullrich y los radicales no han presentado despachos, rechazando así todas las iniciativas.
Las diferencias principales se centran en la duración de la emergencia: Unión por la Patria propone que se extienda hasta fin de 2027, mientras que Democracia para Siempre y la UCR plantean un año, y el PRO sólo avala la vigencia de la emergencia sin plazos claros.
Otro punto en debate es la actualización de las prestaciones. El dictamen mayoritario y el de Democracia para Siempre contemplan compensar la diferencia entre los valores desde finales de 2023, mientras que PRO y UCR sólo proponen un mecanismo de ajuste desde la aprobación de la ley. En este aspecto, todos los proyectos coinciden en actualizar las prestaciones conforme a la inflación desde la sanción.
El aumento de las pensiones genera mayor controversia: el dictamen mayoritario plantea que alcancen el 70% del haber mínimo, pero esta propuesta no cuenta con el respaldo de los radicales, Democracia para Siempre ni PRO.
Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad, explicó que el dictamen mayoritario cuenta con el apoyo de Unión por la Patria, la izquierda, Encuentro Federal, Innovación Federal (diputados provinciales que suelen apoyar al gobierno) y la Coalición Cívica, por lo que esperan reunir quórum y comenzar la sesión sin problemas.
Arroyo señaló que “el sistema está colapsado y desordenado. El gobierno ha generado confusión con las pensiones: nadie sabe qué ni cómo se evalúa, los beneficiarios deben hacer largas filas y repetir trámites innecesarios, y además sufren maltrato por parte de la administración pública.”
El dictamen mayoritario cuenta con 59 firmas; en contraste, el despacho del PRO tiene 9 firmas, el de Democracia para Siempre 8, y el de la UCR 7.
Desde el lunes, los diputados promotores de estos proyectos mantendrán reuniones para negociar y buscar un consenso que permita aprobar la ley con el mayor apoyo posible, idealmente con dos tercios, para evitar un posible veto presidencial.
