Mientras el ajuste arrasa con salarios, jubilaciones y servicios públicos, hay un rubro donde el gobierno no escatima: la comunicación oficial. El vocero presidencial Manuel Adorni anunció el lanzamiento de un programa llamado “Fake, 7, 8”, una suerte de tribunal mediático desde donde pretende “desenmascarar” noticias falsas. Pero la jugada huele más a propaganda que a transparencia.
Con el nombre que remite irónicamente al viejo programa ultra K “678”, Adorni busca ahora ejercer de vocero, fiscal y juez de lo que él mismo considera verdadero o falso. El problema: ¿Quién controla al que dice venir a controlar las fake news?
La iniciativa, lejos de traer claridad informativa, alimenta la sospecha de que el gobierno prepara su propio aparato de propaganda para blindarse ante críticas y cuestionamientos. Un espacio financiado desde el poder para atacar a medios y periodistas disidentes, mientras se disfraza de cruzada por la verdad.
Así, en plena crisis económica y social, el Gobierno suma un capítulo más a la guerra discursiva: mientras recorta en salud y educación, invierte en relato.
