Una denuncia en Salta puso en el centro de la escena a los diputados nacionales Emilia Orozco y Carlos Zapata, ambos referentes de La Libertad Avanza. También quedó involucrado un asesor político, Ricardo Ortega. Según la acusación, se habría exigido a funcionarios designados que entregaran un porcentaje de su salario para solventar gastos del espacio político.
Investigación preliminar por pedido de aportes
El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio inició una investigación preliminar para determinar si existieron aportes obligatorios como condición para conservar cargos dentro del partido oficialista. La presentación formal fue realizada el 13 de junio por Cristian Achaval, titular de la delegación de ANSeS en Metán.
Los principales señalados son Orozco, Zapata y Ortega, este último apoderado del partido Ahora Patria, una fuerza aliada al oficialismo a nivel nacional.
Un audio que encendió la polémica
La denuncia tomó repercusión tras la difusión de un audio en Radio Infinito, donde se escucha un diálogo entre Achaval y Ortega. En la grabación, Ortega detalla las supuestas condiciones de un acuerdo que implicaría entregar el 5% del sueldo para cubrir gastos como el alquiler del local partidario y otros costos de funcionamiento. Incluso menciona que recibe los recibos de sueldo de los funcionarios involucrados y que “todos cobran muy bien”.
Un esquema presuntamente aceitado
De acuerdo al relato de Ortega en el audio, los aportes serían generalmente en efectivo, aunque también se contemplaría la posibilidad de transferencias bancarias para quienes no puedan desplazarse a la capital salteña. El esquema, según la denuncia, no sería un caso aislado, sino una práctica extendida dentro del espacio.
También se menciona al empresario y parlamentario del Mercosur Alfredo Olmedo, aunque hasta el momento no figura como formalmente involucrado en la causa, que aún se encuentra en etapa inicial.
Orozco, en el centro de otra polémica
La diputada Emilia Orozco ya había sido cuestionada recientemente por su participación en un viaje oficial a Dubái, en el marco de una actividad sobre accesibilidad y tecnología para personas con discapacidad. La acompañaron la subdirectora de la Agencia Nacional de Discapacidad, Romina Núñez, y la legisladora porteña Lucía Montenegro.
El viaje generó malestar en varias organizaciones del sector, especialmente porque se realizó en un contexto de fuerte ajuste presupuestario que afecta a prestadores, usuarios y programas clave. Las críticas se intensificaron luego de que se viralizaran fotos del grupo en sitios emblemáticos de lujo, como el Burj Khalifa.
El expediente avanza
Desde el Ministerio Público Fiscal de Salta confirmaron que la causa está en etapa de averiguación preliminar. Por ahora, no hay imputaciones formales ni se ha citado a declarar a los implicados. Tanto Orozco como Zapata continúan en funciones y aún no se han pronunciado públicamente sobre el escándalo, que ya comienza a generar ruido dentro del bloque libertario en el Congreso.
