Un informe reciente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) encendió una nueva señal de alerta sobre el impacto del ajuste aplicado por el Gobierno nacional desde diciembre.
Según el organismo, apenas un 8% de las políticas de cuidado implementadas en los últimos años siguen en funcionamiento, y más de 2,8 millones de personas perdieron al menos un derecho que hasta entonces recibían.
De acuerdo al relevamiento, de las 50 políticas nacionales de cuidado que existían, sólo cuatro continúan activas. Las que aún funcionan están vinculadas principalmente a transferencias monetarias directas, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo. Sin embargo, desde el CELS advierten que estas herramientas son insuficientes para compensar el desmantelamiento general del sistema de protección social.
Impacto en los sectores más vulnerables
El recorte afecta de forma más directa a jubilados, personas con discapacidad, mujeres, niñez y diversidades sexuales. Uno de los puntos más críticos señalados en el informe es la situación de los adultos mayores: la derogación de la moratoria previsional dejó a muchos sin acceso a una jubilación mínima, mientras que el recorte en la cobertura de medicamentos del PAMI impactó en más de 800.000 personas mayores.
En el caso de las personas con discapacidad, el ajuste sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) provocó un aumento del 75% en los rechazos de solicitudes de pensión, y la revocación de 56.000 beneficios ya otorgados. Además, los trámites se volvieron más burocráticos y las prestaciones se recortan sin justificación clara, según denuncia el organismo.
Retroceso en derechos sexuales y reproductivos
El informe también pone el foco en la desfinanciación de los programas de Educación Sexual Integral (ESI), la falta de acceso a métodos anticonceptivos, y una creciente desarticulación de la política de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Desde el CELS sostienen que esto “reproduce desigualdades estructurales y genera retrocesos en derechos conquistados”.
Se eliminan políticas de igualdad
El desmantelamiento alcanza además a los programas orientados a la equidad de género y la inclusión laboral. Se eliminaron los cupos de empleo para personas travestis y trans, y las trabajadoras de casas particulares no han recibido aumentos salariales desde enero. También se declaró la emergencia en torno a las mujeres rurales, que quedaron sin ningún tipo de respaldo estatal.
