Tras semanas de reclamos y movilizaciones, el Gobierno anunció un incremento de entre el 29% y el 35% en los valores del nomenclador nacional de prestaciones para personas con discapacidad, la herramienta que define cuánto se paga a los prestadores del sistema.
La medida —oficializada por la Jefatura de Gabinete tras la victoria electoral del oficialismo— se aplicará de forma escalonada entre octubre y diciembre de 2025, y busca “acompañar el aumento de los costos del sector y brindar previsibilidad”, según explicaron fuentes oficiales.
De acuerdo con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el aumento alcanzará a todas las modalidades incluidas en el nomenclador: internaciones, transporte especializado, acompañamiento educativo y laboral, atención médica y programas de rehabilitación.
Desde el organismo remarcaron que la actualización busca sostener la calidad de los servicios y garantizar la continuidad de las prestaciones, al tiempo que permitirá mantener los valores por encima de la inflación proyectada para 2026.
El ajuste del nomenclador es clave para el financiamiento del sistema, ya que determina los montos reconocidos por el Programa Federal Incluir Salud y otros organismos financiadores.
La decisión llega luego de que el Ministerio de Salud debiera acatar una orden judicial del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, quien dispuso restablecer más de 119 mil pensiones no contributivas por discapacidad laboral que habían sido suspendidas por el propio Gobierno.
