El Banco Central redobló su presencia en el mercado de futuros durante julio, con intervenciones que alcanzaron los US$5000 millones, según reconoció el Gobierno ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La medida buscó contener la volatilidad cambiaria generada tras la eliminación de las Letras Fiscales de Liquidez (LeFi), en un contexto donde el dólar mayorista escaló $169 y se acercó al límite superior de la banda cambiaria.
“La transición hacia el abandono del tipo de cambio como ancla nominal ha avanzado relativamente bien, aunque fue necesario intervenir para corregir desajustes y moderar la volatilidad en las tasas”, señaló el FMI en su informe técnico tras la primera revisión del acuerdo con Argentina.
Si bien el dato final del Banco Central se conocerá el 22 de agosto, el reporte estima que la posición neta abierta en futuros -es decir, los contratos aún vigentes- trepó a US$5000 millones, lo que representa un salto de más de US$3000 millones respecto al cierre de junio.
Desde el equipo económico justifican estas operaciones como puntuales y acotadas a momentos de tensión. Además, el FMI consideró que, al estar liquidadas en pesos, no implican un riesgo directo para las reservas internacionales, y que incluso pueden servir como herramienta de cobertura frente a episodios de estrés en los mercados.
No obstante, el Fondo volvió a marcarle la cancha al Gobierno: pidió que las intervenciones se mantengan limitadas y no sustituyan las políticas monetarias convencionales. También recomendó acelerar la acumulación de reservas y establecer un calendario más previsible para la compra de divisas.
Con respecto al cepo cambiario, el FMI reiteró que su levantamiento debe ser gradual y estar atado a las condiciones macroeconómicas. Y reclamó mayor claridad en la comunicación oficial sobre el rumbo del régimen cambiario a mediano plazo.
Actualmente, el límite a la exposición del BCRA en el mercado de futuros es de US$9000 millones, por lo que aún hay margen para nuevas intervenciones si fuera necesario. Sin embargo, el antecedente de 2015, cuando el uso político del dólar futuro derivó en millonarias pérdidas y una causa judicial contra funcionarios del kirchnerismo, sigue generando cautela entre los operadores.
