Desde este sábado, el mercado mayorista de electricidad comenzará a operar bajo nuevas reglas, en línea con los compromisos del Gobierno con el FMI. La Casa Rosada apuesta a mayor competencia privada, aumentos graduales de tarifas y reducción de subsidios para achicar el gasto público.
La desregulación, que arranca el 1 de noviembre, busca reordenar precios relativos, recortar subsidios y reforzar la disciplina fiscal que el oficialismo acordó con el Fondo Monetario Internacional. La estrategia combina:
Incrementos escalonados de tarifas residenciales e industriales.
Cambios estructurales en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
Eliminación de la mayoría de los fondos fiduciarios energéticos, salvo el destinado a zonas frías.
El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, ratificó que la meta es reducir el gasto en subsidios del 0,6% del PBI actual al 0,5% en 2026. Según el esquema oficial, los hogares de mayores ingresos pagarán tarifa plena; los de ingresos medios, el 67%; y los de bajos ingresos, el 43%. En promedio, el usuario residencial pasará de cubrir el 53% actual del costo mayorista al 67%.
La resolución 400/2025 introduce un sistema de precios marginales, reemplazando el esquema administrado por comisiones y controles. El Estado deja de ser operador directo y vuelve a un rol regulador, mientras que privados asumirán la compra de combustibles, la contratación de energía y los acuerdos entre generadores, distribuidoras y grandes usuarios. El objetivo es atraer inversión, mejorar señales de largo plazo y dinamizar proyectos estratégicos para ampliar la oferta.
El Gobierno señala que esta transición también apunta al gas. Los contratos vigentes se respetarán hasta 2028, pero se avanzará hacia un mercado competitivo y descentralizado, con tarifas más previsibles y dolarizadas. La secretaria de Energía, María Tettamanti, advirtió que el éxito dependerá de la estabilidad fiscal y cambiaria.
Desde el sector privado, la expectativa es que la competencia mejore los precios a mediano plazo, aunque la transición será más costosa: se proyecta un aumento de entre 8 y 10 dólares por MWh para usuarios industriales.
El Ministerio también prepara una licitación para ampliar la transmisión eléctrica, con foco inicial en el AMBA y una inversión de US$1100 millones bajo concesión y repago vía tarifas.
El contexto político, sin embargo, complica la ejecución. La reforma energética coincide con tensiones internas por el rediseño del gabinete y la disputa de poder entre Karina Milei, Santiago Caputo y otros sectores que buscan influir en la estrategia económica. La agenda energética forma parte del núcleo ideológico libertario, pero requiere estabilidad interna para sostener los ajustes tarifarios en un año sensible a los impactos sociales.
A corto plazo, el riesgo operativo es concreto: el verano podría traer estrés en la oferta, cortes y uso de generadores diésel privados. El Gobierno anticipa incentivos para grandes usuarios que reduzcan su demanda en horas críticas. El mensaje oficial es firme: el reordenamiento energético seguirá adelante, aunque implique un impacto inicial en los bolsillos, con la promesa de eficiencia, inversión y estabilidad futura.
El desafío central será si el oficialismo logra mantener consenso interno y gobernabilidad para que el salto hacia precios más reales y subsidios más bajos no se transforme en un nuevo desgaste antes de que el modelo pueda mostrar resultados.
