La Casa Rosada tiene en marcha una revisión de la Ley de Glaciares que apunta a reducir las áreas protegidas y facilitar la instalación de emprendimientos industriales en zonas cercanas a los cuerpos de hielo.
El objetivo es modificar por decreto la reglamentación de la Ley 26.639 para permitir nuevas actividades económicas en ambientes periglaciares.
Desde el Ejecutivo admiten que hubo un fuerte impulso del sector empresarial para avanzar con esta flexibilización. Según explican, el propósito es brindar un marco de mayor previsibilidad jurídica a los proyectos de inversión que se proyectan en esos territorios.
Los equipos técnicos del Gobierno trabajan en delimitar de forma más estricta las zonas que quedarán bajo resguardo. La intención es que solo se mantenga la protección sobre formaciones activas de roca o escombros que tengan al menos una hectárea, con una duración comprobada de más de dos años, relevancia hídrica y que estén incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares.
La normativa actual establece sanciones severas para quienes incumplan, incluyendo multas que pueden ir desde cien hasta cien mil sueldos básicos del Estado, además de la suspensión o cierre definitivo de las actividades infractoras. Sin embargo, el Gobierno busca habilitar emprendimientos que no estén directamente vinculados a la investigación científica, como la minería, la industria hidrocarburífera o grandes obras de infraestructura.
