Un juez federal de Catamarca ordenó al Ejecutivo de Milei restablecer los beneficios suspendidos y frenar nuevas bajas hasta una sentencia definitiva.
El gobierno de Javier Milei acató una orden judicial y restablecerá más de 119.000 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que habían sido suspendidas en los últimos meses. La decisión fue dispuesta por el juez federal de Catamarca Guillermo Díaz Martínez, quien además prohibió nuevas bajas hasta que haya una resolución firme.
La medida, que tiene alcance nacional, fue publicada en el Boletín Oficial a través de la resolución ANDIS 13901/2025. Surge a partir de una cautelar presentada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFADIM) y el Defensor del Pueblo de Catamarca, quienes denunciaron irregularidades en la suspensión masiva de pensiones.
El magistrado consideró que las bajas afectaron derechos “de naturaleza colectiva e individual” y que se realizaron bajo normas inconstitucionales o de ejecución irregular.
Un sistema bajo la lupa
Desde el Gobierno defendieron la auditoría impulsada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), argumentando que busca “reordenar un sistema históricamente usado con fines políticos y clientelares”.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que durante el proceso se detectaron más de 27.000 pensiones cobradas por personas fallecidas y más de 55.000 renuncias simuladas, lo que permitió “depurar” el padrón y reasignar los recursos “a quienes realmente lo necesitan”.
Sin embargo, la resolución judicial obliga a restablecer los beneficios suspendidos, aunque el Gobierno aclaró que no se incluirá a personas detenidas ni a quienes no cumplan los requisitos legales, como trabajadores activos o beneficiarios sin diagnóstico médico válido.
El fallo y su alcance
El juez Díaz Martínez amplió el efecto del fallo a todo el país, amparándose en la doctrina de legitimación colectiva y en el precedente “Halabi” de la Corte Suprema.
La causa cuestiona el Decreto 843/2024, mediante el cual el Ejecutivo elevó al 66 % el umbral de discapacidad laboral exigido para acceder al beneficio y amplió las causales de suspensión.
Las organizaciones denunciaron que la auditoría de la ANDIS se realizó sin un marco normativo claro, con criterios poco transparentes y notificaciones defectuosas, lo que habría impedido a muchos beneficiarios ejercer su derecho a defensa.
