Como parte de una amplia reestructuración del Estado, el Gobierno nacional concretó la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. La medida dejó sin funciones a más de 5100 empleados, que ahora quedan en disponibilidad mientras se define su eventual reubicación en otras áreas.
Desde la Casa Rosada informaron que parte del personal podría ser transferido al Ministerio de Economía, que asumirá el control de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales. Otra parte podría pasar a la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
Un año de transición y futuro incierto para los trabajadores
Durante los próximos 12 meses, los trabajadores cesados continuarán cobrando sus sueldos mientras se evalúa su reubicación dentro del Estado. Según fuentes oficiales, algunos podrían ser capacitados para nuevas funciones o pasar a servicios tercerizados.
En caso de no ser reubicados, los empleados recibirán una indemnización equivalente a un mes de salario por cada año trabajado, calculada en base al mejor sueldo percibido en el último año. Además, la Ley Bases habilita su posible traspaso a provincias o municipios.
El Ejecutivo también evalúa aplicar el artículo que impide el pago de indemnizaciones en casos de ausencias injustificadas, abandono de tareas o incumplimientos laborales.
Qué pasará con los bienes y el presupuesto de Vialidad
La disolución de Vialidad implica también el traspaso de todo su patrimonio. El Gobierno ya inició un relevamiento de bienes muebles, inmuebles, maquinaria y vehículos, que serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Los fondos líquidos y tenencias en títulos públicos pasarán al Tesoro Nacional. El presupuesto asignado a Vialidad ascendía a $456.777 millones.
La misma política de reestructuración alcanza a otros organismos: la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial también serán disueltas. En tanto, la Junta de Seguridad en el Transporte fue transformada en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.
Finalmente, el control de las rutas nacionales quedó a cargo de la Gendarmería Nacional, que ahora depende del Ministerio de Seguridad, en reemplazo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
