Mientras busca oxígeno político y apoyo sindical, Javier Milei empezó a saldar una deuda millonaria con las obras sociales, pero el gesto no alcanzó para apagar las tensiones que genera su reforma laboral.
En las últimas horas, el Gobierno transfirió $20.000 millones a las obras sociales sindicales, correspondientes a reintegros por tratamientos y medicamentos de alta complejidad. El desembolso, coordinado entre el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Servicios de Salud, forma parte de un paquete total de $60.000 millones que se completará antes de fin de año.
La decisión fue impulsada por Mario Lugones, titular de la Superintendencia, con el visto bueno de Santiago Caputo, el principal estratega político del oficialismo. El objetivo: recomponer puentes con la CGT, tras meses de desconfianza y cruces públicos.
Aunque Caputo elogió en privado al nuevo triunvirato cegetista —Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello—, aún no hubo contacto directo con los jefes sindicales, que siguen mirando con desconfianza las movidas del Gobierno.
Reforma laboral: rechazo sindical y cautela empresaria
El borrador que circula en los despachos oficiales volvió a encender las alarmas en la CGT. La propuesta plantea limitar el derecho a huelga, eliminar la cuota solidaria y permitir negociaciones por empresa, tres puntos que el sindicalismo considera “inaceptables”.
Desde la Uocra, Gerardo Martínez apuntó directamente contra Federico Sturzenegger, a quien acusan de “querer reimplantar” reformas ya frenadas por la Justicia durante el macrismo.
En paralelo, la Unión Industrial Argentina (UIA) también expresó reparos: teme que la apertura de convenios por compañía genere conflictos internos y debilite los acuerdos sectoriales.
La estrategia de la CGT: frenar, negociar y resistir
La conducción cegetista prepara una estrategia de contención: busca suavizar el texto, mantener los aportes y defender la “ultraactividad” de los convenios colectivos. En paralelo, reclama interlocutores políticos más claros dentro del Gobierno, con preferencia por Santiago Caputo y Diego Santilli, y no por el entorno de Sturzenegger.
Mientras tanto, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, trabaja sobre un proyecto impulsado por la diputada libertaria Romina Diez, que promueve incentivos a la contratación y mecanismos flexibles como el “banco de horas”. La idea es presentar la versión final en diciembre, durante las sesiones extraordinarias.
Un equilibrio inestable
En la Casa Rosada reconocen que la jugada es delicada: avanzar con una reforma laboral “moderada” sin reactivar la conflictividad sindical. Pero las internas son evidentes: Sturzenegger empuja por una ruptura total con el poder gremial, mientras que Cordero promete no tocar derechos adquiridos.
Con los gobernadores peronistas divididos y los gremios en guardia, Milei apuesta a mantener el diálogo abierto mientras empuja una reforma que pocos dentro y fuera del Congreso están dispuestos a respaldar sin cambios.
