En una nueva medida orientada a ajustar el esquema de asistencia estatal, el Gobierno nacional implementó un procedimiento actualizado para definir la segmentación de subsidios en los servicios energéticos. Esta iniciativa permitirá a los usuarios consultar su categoría actual y, en caso de desacuerdo, solicitar una revisión.
La disposición fue oficializada mediante la Resolución 218/2025 de la Secretaría de Energía, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
A partir de esta normativa, la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético deberá desarrollar una herramienta digital para que los usuarios puedan verificar, desde cualquier dispositivo, su situación dentro del esquema de subsidios.
Además, se habilitará un canal para gestionar pedidos de recategorización a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD). Para quienes no puedan acceder a medios digitales o necesiten asistencia, continuará la atención presencial en oficinas de ANSES.
La medida se enmarca en la emergencia del sector energético, vigente hasta el 9 de julio de 2025, y en el contexto de la emergencia pública, tarifaria y social que se extiende hasta el 31 de diciembre de este año. Ambas situaciones excepcionales le otorgan al Ejecutivo la potestad de redefinir la estructura de subsidios y establecer nuevos criterios para su otorgamiento.
En ese sentido, se prorrogó hasta el 31 de mayo de 2025 el período de transición hacia un sistema de subsidios más focalizado. Uno de los ejes clave de la resolución es la creación de un protocolo para analizar las solicitudes de revisión de categoría dentro del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), utilizando el nuevo mecanismo de verificación.
El objetivo, según se señala en el texto oficial, es mejorar la precisión del sistema y reducir errores en la asignación, especialmente en los casos donde se detectan beneficiarios que no cumplen con los requisitos. Por ejemplo, se identificaron usuarios inscriptos como de bajos ingresos (Nivel 2), cuyas viviendas se encuentran en zonas de alto poder adquisitivo, como barrios cerrados o countries.
Por ello, la Subsecretaría también podrá establecer indicadores que reflejen el nivel patrimonial del grupo conviviente, y se profundizará el cruce de datos entre diferentes organismos nacionales y provinciales, como ANSES y el sistema SINTyS, con el objetivo de detectar inconsistencias, ingresos no declarados o propiedades que evidencien una capacidad económica incompatible con el subsidio.
Estas acciones se llevarán adelante respetando la legislación vigente sobre protección de datos personales.
Cabe destacar que quienes ya están registrados en el RASE no deberán reinscribirse, a menos que quieran actualizar los datos de su grupo familiar.
Por último, la resolución advierte que si se comprueba que un usuario presentó información falsa o accedió al subsidio mediante engaños, podrá ser excluido del beneficio, se le recargarán los montos bonificados con intereses, y podría enfrentar sanciones adicionales.
