El Gobierno Nacional confirmó que no aplicará la ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso y vetada por Javier Milei. En plena presentación del Presupuesto 2026, los funcionarios Carlos Torrendell (Educación) y Alejandro Álvarez (Políticas Universitarias) defendieron la decisión y aseguraron que “las universidades recibirán un aumento real del 7%”. La oposición habla de “incumplimiento legal” y de un nuevo golpe a la educación pública.
Desde el Ejecutivo negaron cualquier tipo de ajuste, cierre o despido. “No cerró ninguna universidad, no hay éxodo docente ni recorte. Hoy hay 198 mil docentes, dos mil más que al inicio de la gestión”, afirmó Álvarez, que acusó al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) de hacer una “campaña del miedo”.
Torrendell, por su parte, argumentó que “aumentar el gasto no garantiza mejorar la educación” y defendió el enfoque del Gobierno: “invertir mejor, no gastar más”. Según dijo, el Presupuesto 2026 prevé un incremento nominal del 17,6% en educación, lo que —con una inflación proyectada del 10,1%— daría un aumento real del 7%, con fondos destinados al plan de alfabetización y formación docente.
Pero en el Congreso, la explicación no convenció a nadie.
El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) fue tajante: “Si vino a traer buenas noticias, suelte la plata. No hay excusas cuando hubo fondos para otros programas”.
Desde Unión por la Patria, Leandro Santoro recordó que la ley universitaria tiene un costo de apenas el 0,2% del PBI, “menos de la mitad de lo que el Gobierno resignó al bajar Bienes Personales”.
Álvarez retrucó con ironía: “Por más que el Parlamento derogue la Ley de Gravedad, la gravedad sigue existiendo”.
Un chiste que no hizo reír a nadie.
El debate seguirá la próxima semana, cuando la Comisión de Presupuesto deba emitir dictamen. En el oficialismo buscan patear la discusión hasta después del recambio legislativo, cuando La Libertad Avanza y sus aliados tengan más poder en el Congreso.
