Pese al freno judicial, el Ejecutivo insiste con cerrar uno de los organismos clave en la infraestructura del país. Adorni confirmó que apelarán la cautelar que suspendió por seis meses el polémico decreto.
El Gobierno de Javier Milei confirmó que apelará el fallo que le puso un freno, al menos temporal, al intento de disolver la Dirección Nacional de Vialidad. La decisión fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X, luego de que la Justicia hiciera lugar a una medida cautelar presentada por el gremio Sevina.
La resolución judicial paraliza por ahora cualquier avance administrativo vinculado al decreto que ordenaba el cierre de Vialidad Nacional, la Comisión Nacional del Tránsito y la Agencia de Seguridad Vial.
Una ofensiva contra los organismos públicos
El cierre había sido anunciado con bombos y platillos por el propio Adorni desde la Casa Rosada. Según el Gobierno, el objetivo es eliminar estructuras “sobredimensionadas” y “focos de corrupción”, aunque para muchos se trata de un nuevo capítulo en la avanzada contra el Estado.
El plan oficial incluye repartir las funciones entre la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Economía y una flamante Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte.
Qué se pone en riesgo
Vialidad Nacional es el organismo técnico que durante décadas planificó, construyó y mantuvo la red vial del país. Su rol es clave para la conectividad territorial, la producción, el turismo y la logística. La decisión de cerrarla desató una fuerte reacción de gremios, especialistas y trabajadores del sector, que alertan sobre la pérdida de capacidad estatal en materia de obra pública.
Con el fallo judicial, la disolución queda en pausa, al menos hasta fin de año. Pero el Gobierno ya dejó en claro que no piensa dar el brazo a torcer.
