El Gobierno de Javier Milei promulgó este lunes la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, luego de que el Congreso rechazara su veto presidencial. La norma fue oficializada en el Boletín Oficial a través del Decreto 681/2025, pero su aplicación quedó en suspenso: la Casa Rosada argumenta que no hay recursos suficientes para financiarla.
Según los cálculos oficiales, la implementación inmediata tendría un impacto fiscal millonario:
$2,17 billones en 2025 (0,26 % del PBI)
$4,71 billones en 2026 (0,47 % del PBI)
Más $574 mil millones del programa Incluir Salud y $278 mil millones en compensaciones a prestadores
En total, el Ejecutivo asegura que haría falta un extra de más de $3 billones, monto que –según Milei– “el presupuesto vigente no puede absorber sin afectar servicios esenciales”.
El argumento legal de la Rosada
En el decreto, el Gobierno se amparó en la Ley de Administración Financiera y en la Ley 24.629, que obligan a identificar las fuentes de financiamiento de toda norma que implique gasto. Según el texto oficial, el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente” de dónde saldrían los fondos.
Además, la Rosada remarcó que ni siquiera reasignando todas las partidas de los tres poderes del Estado sería posible cubrir los costos, y que cualquier incremento presupuestario solo puede ser aprobado por el Congreso.
Refuerzo parcial para la discapacidad
En paralelo, el Ejecutivo publicó la Decisión Administrativa 24/2025, que redirige fondos desde la Jurisdicción 91 –Obligaciones a cargo del Tesoro– hacia la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Este refuerzo comenzará a aplicarse el 1° de octubre, con el objetivo de atender reclamos urgentes de prestadores.
Milei vs. Congreso: un choque institucional
La norma había sido vetada por Milei en mayo (Decreto 534/25), bajo el argumento de que ponía en riesgo la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, el Congreso insistió en aprobarla por mayoría especial, obligando al Ejecutivo a promulgarla como marca el artículo 83 de la Constitución Nacional.
Lo que viene
Con la ley promulgada pero suspendida, la pelota vuelve al Congreso, que deberá:
Definir las fuentes de financiamiento
Incluir las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional
Mientras tanto, el Gobierno intenta equilibrar la presión política y social del sector con su plan de austeridad.
