En un contexto nacional signado por el ajuste fiscal, la paralización del Estado y el recorte sistemático de fondos a las provincias, el gobernador Ricardo Quintela anunció este lunes un nuevo incremento salarial para los trabajadores del sector público riojano, el segundo en lo que va del año.
La medida representa un esfuerzo financiero significativo por parte del Gobierno provincial, que sostiene con recursos propios una política activa de recomposición salarial, pese a la ausencia total de asistencia nacional.
La nueva suba contempla un incremento del 16% para las categorías más bajas de la Administración Pública Provincial, a través de una suma fija de $80.000 y un 4,5% adicional al salario básico, que se liquidarán con los haberes de agosto. En el caso de los sectores de Salud, Seguridad, Justicia y Educación, la suma será remunerativa y bonificable, lo que amplifica su impacto sobre el salario de bolsillo y los haberes jubilatorios. Además, se otorgará un pago de $40.000 a trabajadores vinculados, contratados, becarios, tutores, PEM y beneficiarios de programas laborales.
Este aumento se suma al otorgado en febrero-marzo de este año, que incluyó un 15% al básico para empleados públicos y municipales, un 18% para trabajadores esenciales, la duplicación de la Quincenita (de $70.000 a $120.000), una ayuda escolar de $120.000 y otra suma fija de $80.000 para sectores vulnerables.
Desde el Ejecutivo provincial destacaron que esta política salarial se concreta sin ayuda de Nación y en un marco de asfixia financiera deliberada, que dejó a La Rioja sin fondos clave como el Fondo de Incentivo Docente (FONID), el Fondo Compensador del Transporte, programas nacionales de salud y diversas líneas de asistencia social.
“El aumento no es un gesto simbólico, sino una decisión política clara: mientras el Gobierno nacional impone congelamientos, despidos y desmantelamiento del Estado, La Rioja sigue priorizando a sus trabajadoras y trabajadores”, señalaron fuentes oficiales.
A pesar de que La Rioja es una de las provincias más afectadas por el ajuste nacional, el Gobierno mantiene una gestión austera y responsable, sin despidos en el Estado, con una reducción del 30% en la inversión pública y con una política salarial sostenida que supera sistemáticamente la inflación y contrasta con la pauta del 1% mensual que busca imponer el Ejecutivo nacional.
La medida fue consensuada con los gremios y se inscribe en una línea de defensa del poder adquisitivo del salario estatal, reafirmando el rol del empleo público como herramienta de inclusión social, desarrollo territorial y contención en tiempos de crisis.
