Un juez aplicó un criterio novedoso pese a la Ley Bases y reconoció daño moral y material.
Un fallo del juez laboral Carlos Frascarolo podría marcar un antes y un después en la justicia laboral argentina: reconoció el derecho a indemnización de un chofer repartidor que fue despedido tras reclamar su registración, pese a que trabajó más de dos años “en negro”.
El magistrado rechazó la inconstitucionalidad de la Ley Bases, pero aclaró que su aplicación no impide reparar el daño que genera la falta de registración, al considerar que el trabajador “fue colocado en una situación de vulnerabilidad que debe ser resarcida”.
El caso: precarización y despido indirecto
El demandante acreditó haber trabajado bajo relación de dependencia, sin aportes jubilatorios ni cobertura médica. Ante la negativa de su empleador a blanquearlo, se consideró despedido.
El juez fijó una indemnización equivalente a 17 sueldos: 13 por daño material y 4 por daño moral, al reconocer que la falta de registración afectó su dignidad y sus derechos sociales.
Las pruebas —testimonios, pericias informáticas y documentos— confirmaron la existencia del vínculo laboral, desarmando la estrategia de la empresa, que había intentado encuadrarlo como “fletero independiente”.
Un precedente contra la precarización
Al analizar la Ley Bases, Frascarolo destacó que la eliminación de multas por trabajo no registrado no impide que los jueces apliquen el Código Civil y Comercial para evaluar los daños.
“El trabajador informal es un trabajador discriminado respecto de quien está registrado”, sostuvo en su resolución.
Con esta decisión, el juez abre la puerta a una nueva interpretación judicial que permite ordenar reparaciones integrales sin depender de las sanciones tarifadas derogadas por la reforma. Además, impuso intereses y costas a la empresa por actuar de mala fe.
Repercusiones
El fallo, segundo en el país en aplicar este criterio, reafirma la responsabilidad de los empleadores de garantizar derechos básicos aun después de los cambios introducidos por la Ley Bases.
Frascarolo concluyó que la sentencia “restablece el equilibrio quebrantado por la clandestinidad laboral”, y podría convertirse en un precedente clave contra la precarización en tiempos de desregulación.
