Este martes, familiares de las víctimas del fentanilo contaminado se reunieron con diputados del PRO para impulsar la creación de una comisión investigadora que esclarezca cómo ingresó el medicamento adulterado al sistema de salud, por qué falló la trazabilidad y quiénes deben rendir cuentas.
Alejandro Ayala, hermano de Leonel —un joven de Florencio Varela que murió en el Hospital Italiano de La Plata— no ahorró palabras: “Esto es una crisis sanitaria, una emergencia y una catástrofe producto de dos laboratorios que hicieron un desastre a nivel nacional”. También reclamó la detención del principal responsable: “Furfaro es un asesino y queremos que pague por lo que hizo”.
Los familiares apuntan a la falta de avances judiciales. “Ya pasaron meses y no hay imputados, no hay detenidos, las cosas no son claras”, señaló Ayala, quien insistió en que la trazabilidad del fentanilo sea estricta para evitar desvíos al mercado negro. Incluso pidieron suspender su uso en todo el país hasta que haya garantías de seguridad.
La diputada Silvina Guidici, autora del proyecto, criticó que el Congreso no lo tratara la semana pasada por falta de quórum y denunció la inacción judicial: “Presentamos el proyecto cuando había 30 muertos, hoy ya son 90. No se puede creer que aún no haya pedidos de prisión para los responsables técnicos del laboratorio”.
El texto del PRO busca investigar la cadena de producción y distribución del fentanilo en las provincias afectadas, incluyendo a HLB Pharma Group S.A., Laboratorios Ramallo S.A., droguerías y centros de salud involucrados.
La polémica también llegó al plano político: Ayala cuestionó el rol de Unión por la Patria y denunció supuestas vinculaciones de los responsables con el kirchnerismo. “Necesitamos que esto se trate como una política sanitaria. Esta es la tragedia más grande de la salud pública argentina”, advirtió.
