El empresario argentino Federico “Fred” Machado, detenido por la Policía Federal y acusado de lavado de dinero, estafa y vínculos con el narcotráfico, será extraditado a Estados Unidos el 5 de noviembre, una vez pasadas las elecciones.
La confirmación llegó a través de Interpol, que notificó a la justicia federal de Neuquén sobre la fecha del traslado. Según la agencia Noticias Argentinas, Machado será llevado desde el aeropuerto de Ezeiza en un vuelo comercial bajo un operativo de seguridad reforzado, cuyo protocolo final se definirá en los próximos días.
Actualmente, el empresario permanece detenido en una dependencia de la Policía Federal en Viedma, tras el fallo de la Corte Suprema y la aprobación del Poder Ejecutivo que avalaron su extradición.
Contacto con Santiago Caputo y advertencia al Gobierno
En una entrevista concedida antes de ser trasladado, Machado reveló haber mantenido comunicación con el asesor presidencial Santiago Caputo, figura clave del círculo íntimo de Javier Milei.
“A Santiago Caputo le hago llegar un mensaje: Yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana. La respuesta fue: ‘Mensaje recibido’”, aseguró el empresario.
Las declaraciones encendieron alarmas en el entorno oficialista y generaron especulaciones sobre un entramado de relaciones y advertencias previas a su detención.
Vínculos políticos y financiamiento de campañas
Machado también apuntó contra el diputado José Luis Espert, a quien señaló como beneficiario de su apoyo financiero durante la campaña presidencial de 2019.
“Espert no tendría que haberme negado. ¿Por qué me negó? Yo lo quise advertir. Se lo dije en marzo de 2021: irían por él, pero no me escuchó”, afirmó.
Además, mencionó presuntos vínculos que involucran a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.
Según Machado, existió una triangulación de fondos para la campaña presidencial de Bullrich en 2023, con transferencias superiores a 3 millones de dólares hacia empresas de la familia Bada Vázquez, desde donde se habrían canalizado al menos 215.000 dólares al financiamiento electoral.
En el caso de Weretilneck, el empresario lo acusó de falsear información sobre un encuentro y de mantener negocios de explotación de arenas silíceas en la provincia, presuntamente a través de un testaferro y con la participación de funcionarios cercanos a su entorno.
