En una convocatoria virtual de último momento, los mandatarios del Partido Justicialista manifestaron su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner y alertaron sobre una posible “proscripción política”, justo antes del fallo de la Corte Suprema.
El martes, pocas horas antes de que el máximo tribunal confirmara la condena de seis años de prisión y la inhabilitación vital para ejercer cargos públicos en la causa conocida como Vialidad, los gobernadores peronistas organizaron un encuentro online para mostrar su respaldo a la exvicepresidenta.
Esta reunión se produjo tras la visita del gobernador bonaerense Axel Kicillof a la sede del PJ en Buenos Aires, un gesto político que anticipó la tensión en torno a la decisión judicial.
Apoyo contundente desde las provincias
Tras conocerse el veredicto, varios gobernadores del interior se pronunciaron públicamente en defensa de Cristina Kirchner. Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, fue uno de los primeros en expresar su respaldo, señalando que CFK “no es solo una figura política, sino un símbolo de derechos ampliados, inclusión y la esperanza de un país más justo”.
Melella advirtió además que prohibir su participación en futuras elecciones equivaldría a “restringir el derecho de millones a elegir libremente”, enfatizando que “no puede haber democracia plena cuando se limita la voluntad popular”.
Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, también manifestó su solidaridad con la exmandataria y cuestionó la judicialización del caso: “No podemos aceptar que se intente excluir a una dirigente política del juego democrático por sus ideas o trayectoria”.
Denuncias de proscripción desde el oficialismo
Las voces de los gobernadores coincidieron con el mensaje que Cristina Kirchner difundió más tarde, en el que acusó a la Corte de poner un “cepó al voto popular”.
En el seno del PJ hay preocupación por que el fallo judicial deje a la expresidenta fuera de la competencia electoral, lo que ha vuelto a movilizar a los sectores kirchneristas más cercanos. La reunión de gobernadores refuerza la interpretación de un posible intento de proscripción política por parte de la Justicia, una acusación que el peronismo ha reiterado en otras causas contra CFK.
