El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ordenó endurecer los controles contra personas que remueven residuos de los contenedores en la Ciudad de Buenos Aires, bajo el argumento de que “ensucian la vía pública”. La medida incluye operativos de la Policía de la Ciudad y posibles multas para quienes se nieguen a “limpiar y ordenar de inmediato”.
La política apunta directamente contra una práctica habitual entre sectores vulnerables que buscan materiales reciclables o comida entre los residuos. Para Macri, esto atenta contra la higiene urbana y la “imagen” de la Ciudad, aunque evita mencionar el trasfondo social de la situación.
“Di la orden de actuar y sancionar. Si no limpian, que paguen la multa”, afirmó el jefe de Gobierno, dejando en claro que la represión y las sanciones son el eje de su enfoque frente a una problemática estructural.
Contenedores “antipobres”
Para evitar que las bolsas sean retiradas, el Gobierno porteño instaló más de 7.000 contenedores “antivandálicos” con tapa de resorte. El sistema funciona como un buzón: deja entrar la basura pero impide que salga. Oficialmente, se busca proteger los contenedores —que sufrieron más de 25 mil actos de vandalismo en lo que va del año—, pero en la práctica también limita el acceso de personas que sobreviven del reciclado informal.
Los nuevos dispositivos fueron colocados especialmente en zonas donde hubo más reclamos de vecinos, es decir, donde la presencia de cartoneros o personas en situación de calle es más visible.
El orden por encima de la exclusión
La gestión de Macri insiste en medidas que privilegian el “orden” por sobre la inclusión. Mientras recuerda a la población que la basura debe sacarse entre las 19 y las 21, y promueve el uso del BOTI para coordinar el retiro de residuos voluminosos, elude cualquier política de contención social o integración de los sectores que viven de lo que otros descartan.
Una vez más, el problema no es la basura, sino quién la revuelve.
