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Juez Maraniello bajo investigación por vínculos con HLB Pharma y posibles irregularidades judiciales

El juez federal Alejandro Maraniello enfrenta una denuncia por presunto mal desempeño y conflictos de interés relacionados con el laboratorio HLB Pharma, implicado en la crisis por fentanilo contaminado. Según la investigación, el magistrado habría recibido pagos de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio, para realizar viajes a Estados Unidos.



Denuncia por mal desempeño y censura

La exdiputada Elisa Carrió, junto a legisladores de la Coalición Cívica, presentó formalmente ante el Consejo de la Magistratura una denuncia contra Maraniello. La acusación señala abuso de autoridad, violación a la imparcialidad y mal desempeño, especialmente tras la polémica decisión de censurar audios de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Los denunciantes pidieron la apertura de un proceso de remoción, la suspensión inmediata del juez y la formulación de cargos, argumentando que la censura viola derechos constitucionales como la libertad de expresión y el acceso a la información pública.

Vínculos cuestionados con HLB Pharma

El foco de la denuncia está en los presuntos vínculos de Maraniello con HLB Pharma, responsable de la producción contaminada de fentanilo que causó casi 100 muertes. Furfaro habría financiado viajes del juez mediante una asociación de abogados y magistrados que él preside. Esta organización, con auspiciantes cuestionables, genera sospechas de tráfico de influencias y pone en duda la independencia judicial.

Acumulación de denuncias y gestión cuestionada

Maraniello también enfrenta cinco expedientes internos en el Consejo de la Magistratura, que incluyen denuncias por abuso moral, sexual y violencia de género, muchas de ellas presentadas por empleados de su propio juzgado. La situación llevó a que se disponga una consigna policial permanente para proteger al personal.

Además, se investiga su gestión en el otorgamiento de cartas de ciudadanía argentina, sumando irregularidades que, según la Coalición Cívica, configuran un “grave incumplimiento de sus deberes y un daño severo a la confianza pública en la Justicia”

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