El empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero y vinculado al financiamiento de la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, quedó a un paso de ser entregado a la justicia estadounidense. Ahora, el Poder Ejecutivo tiene diez días hábiles para decidir sobre su extradición.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el pedido de extradición presentado por Estados Unidos, ratificando la decisión del Juzgado Federal N° 2 de Neuquén. La resolución deja la decisión final en manos del Ejecutivo.
Machado enfrenta en el Distrito Este de Texas cargos por asociación ilícita, narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico. Entre los cinco cargos principales, se le imputa integrar una organización criminal dedicada a la distribución de al menos cinco kilogramos de cocaína, fabricar e importar esta droga a Estados Unidos y participar en operaciones de lavado de dinero y fraude electrónico.
Durante el proceso, su defensa, liderada por los abogados Norberto F. Oneto y Roberto Rallin, cuestionó la extradición alegando falta de “doble incriminación”, parcialidad judicial y violación del principio de igualdad de armas, entre otros puntos. También objetaron la constitucionalidad del artículo 30 de la ley 24.767 y la aplicación del principio de “ne bis in idem”.
El expediente judicial menciona además el vínculo económico entre Machado y José Luis Espert. Según la investigación, Espert habría recibido alrededor de 200.000 dólares por asesorías en un proyecto minero en Guatemala y unos 30 vuelos privados financiados por Machado durante su campaña presidencial, valuados en unos 350.000 dólares. Tras difundirse estos lazos, el diputado liberal renunció a su candidatura por La Libertad Avanza.
El proyecto de resolución de la Procuración General, firmado por todos sus integrantes, consideró que la extradición solicitada cumple con los tratados internacionales de cooperación judicial. La Corte remitirá ahora el expediente a la Cancillería para que el Ejecutivo defina, en un plazo de diez días hábiles, si concede la entrega.
La ley 24.767 permite al Ejecutivo rechazar un pedido de extradición por “razones de soberanía nacional, seguridad u orden público”, o por otros intereses esenciales para Argentina. Mientras se decide su destino, Machado continuará bajo prisión domiciliaria en el país.