La jueza Loretta Preska, en Nueva York, dictaminó que Argentina debe entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago de una indemnización millonaria de 16.000 millones de dólares. Esta sentencia se originó por la estatización parcial de la petrolera en 2012, cuando el Estado argentino expropió el control de la empresa a la española Repsol.
Aunque Argentina puede apelar, la orden representa un golpe fuerte para la estrategia legal del Gobierno de Javier Milei. La sentencia obliga a transferir las acciones a una cuenta de custodia en Estados Unidos en un plazo muy breve, poniendo en jaque la soberanía sobre la petrolera.
Este fallo es consecuencia de una demanda iniciada por varios accionistas minoritarios, incluidos Petersen Energía y Eton Capital, quienes reclaman indemnizaciones por la expropiación. El Estado argentino, con reservas internacionales negativas y restricciones legales para transferir las acciones sin autorización del Congreso, enfrenta una difícil encrucijada.
El Gobierno estadounidense incluso pidió inicialmente que se rechazara esta indemnización, advirtiendo sobre posibles repercusiones diplomáticas, pero la jueza decidió en contra.
