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La Justicia obliga a la ANDIS a restituir pensiones por discapacidad en Catamarca

El Juzgado Federal N°2 de Catamarca, a cargo del juez Guillermo Díaz Martínez, dictó un fallo que ordena a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restituir en un plazo máximo de 24 horas todas las pensiones por invalidez que habían sido suspendidas en la provincia. Además, la medida dispone el pago de los haberes adeudados de manera retroactiva y prohíbe al organismo realizar nuevas bajas mientras se tramite la causa.



Denuncias por recortes masivos y auditorías irregulares

La acción judicial fue presentada por el Defensor del Pueblo de Catamarca en representación de los beneficiarios afectados. En la demanda se detallan múltiples irregularidades en los procesos de revisión médica implementados por la ANDIS: plazos demasiado cortos, notificaciones tardías y redactadas en lenguaje técnico, falta de profesionales y la obligación de que las personas con discapacidad se trasladen grandes distancias para cumplir con auditorías.

Según el expediente, numerosos titulares se enteraron de la suspensión al constatar la falta de pago o al recibir notificaciones en sucursales del Correo Argentino, lo que generó una situación de desprotección inmediata. La demanda denunció que estas prácticas formaron parte de un plan deliberado de ajuste y reducción del gasto público.

Medidas dispuestas por la Justicia

El juez Díaz Martínez resolvió tres puntos centrales:

  1. Restituir en 24 horas todas las pensiones no contributivas suspendidas.

  2. Abonar los haberes adeudados con retroactividad.

  3. Impedir nuevas suspensiones durante el trámite judicial.

Asimismo, la providencia fue remitida al Registro de Procesos Colectivos, lo que abre la posibilidad de que fallos similares se repliquen en otras provincias.

Derechos vulnerados y riesgo social

El magistrado fundamentó su decisión en el carácter alimentario de estas pensiones y en el “peligro de demora” por la situación de vulnerabilidad de los beneficiarios. También señaló que la suspensión masiva de las prestaciones sin garantizar la participación de los afectados constituye una violación de derechos legales y constitucionales.

De esta manera, la Justicia puso un freno a una política que, según denunciaron los damnificados, estaba dejando a miles de personas con discapacidad sin un ingreso indispensable para su subsistencia.

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