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La oposición avanza y busca tomar el control de la comisión investigadora del escándalo Libra

Los bloques opositores en la Cámara de Diputados lograron un avance clave para destrabar el funcionamiento de la comisión investigadora del caso Libra, el mega escándalo cripto vinculado al presidente Javier Milei y su entorno, que estaba paralizada por la falta de acuerdo para elegir autoridades.



Con 38 firmas de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, se firmó un dictamen de mayoría que establece un mecanismo claro para resolver empates en la elección de autoridades: la presidencia será para el candidato respaldado por los bloques con más bancas, la vicepresidencia para el segundo y la secretaría para el mismo grupo que designe al presidente. Esto garantiza que la oposición, que controla más de la mitad de la Cámara, se quede con la conducción.

Además, se fijó un plazo hasta el 10 de noviembre para que la comisión entregue su informe final.

Diputados opositores como Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Sabrina Selva (Unión por la Patria) denunciaron las maniobras dilatorias del oficialismo y sus aliados para impedir el avance, y resaltaron la importancia de que el Congreso investigue políticamente el caso Libra, más allá de la causa judicial en Estados Unidos.

Selva subrayó la responsabilidad política de Milei, apuntando a su tuit promocionando el proyecto cripto como clave para el fraude, y cuestionó a empresarios y funcionarios involucrados, incluyendo a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

Desde la izquierda, Juan Carlos Giordano y Christian Castillo denunciaron el bloqueo oficialista y reafirmaron su compromiso para esclarecer los hechos y evitar impunidad.

Por su parte, la bancada libertaria sostuvo que la comisión estaba caduca y rechazó el nuevo dictamen, calificando la reapertura de la investigación como un “circo”.

Finalmente, el diputado Juan Marino (Unión por la Patria) desestimó que el caso sea un “acuerdo entre privados” y remarcó la obligación del Congreso de controlar al Ejecutivo para proteger el prestigio internacional de Argentina.

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