Los cambios planteados por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich generaron fuertes reacciones en el Congreso Nacional.
Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a través del decreto 383/2025, plantearon cambios en la estructura de la Policía Federal Argentina que generaron fuertes reacciones en el Congreso Nacional. La medida será llevada a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
El contenido del decreto
El Poder Ejecutivo creó el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), derogando el Decreto-Ley N.º 333 de 1958, vigente hasta ahora en la Policía Federal. En su lugar, se aprobó un nuevo Estatuto Orgánico y se lanzó un proceso integral de modernización, que incluye la reorganización del personal, la reorientación presupuestaria y una revisión profunda de la estructura interna. También se culmina el traspaso de funciones de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, iniciado en 2016 por el entonces presidente Mauricio Macri, completando así las funciones de la PFA en materia de seguridad nacional.
Durante la presentación, el presidente Milei afirmó: “A partir de hoy tendremos una PFA enfocada en desarticular organizaciones criminales. Una Federal que identifique y capture a los que dan las órdenes. El delito debe combatirse en todo momento y todo lugar, el orden público es sagrado y los de azul son los buenos. El Estado no puede tener menos capacidad técnica que los narcos y los terroristas”.
Reacciones desde la oposición
Desde Unión por la Patria (UxP) en la Cámara de Diputados, cuestionaron que los cambios no hayan pasado por el Parlamento. Consideran que la medida debilita la democracia.
La diputada Mónica Litza expresó en redes sociales: “La ministra Bullrich impulsa una reforma policial, pero una vez más se ‘olvidó’ de enviar el proyecto al Congreso, donde deberían darse este tipo de debates. Habilita el ciberpatrullaje de redes sociales sin autorización judicial, detenciones policiales sin control… Cada vez la democracia más débil y un Estado más autoritario. Con el Congreso de la Nación permanentemente vallado y este decretazo de la ministra de Seguridad, viviremos en un virtual estado de sitio”.
José Glinski, también de UxP, coincidió: “Se hizo por decreto, evitando el debate en el Congreso y al filo del vencimiento de las facultades delegadas. Lo más preocupante: le da a la PFA facultades de inteligencia criminal por fuera del Sistema Nacional de Inteligencia (Ley 25.520). Es decir, crea una agencia de espionaje sin control parlamentario. La policía podrá hacer inteligencia sin causa judicial ni orden de un juez. Esto borra de un plumazo los controles democráticos que tanto costaron construir”.
Glinski agregó: “El concepto de ‘riesgos’ a la seguridad interior es tan vago que permite la arbitrariedad. ¿Quién y cómo se define qué es un riesgo? En democracias serias, las reformas de seguridad son fruto del consenso. Miren al FBI, la Guardia Civil o los Carabinieri. Ninguno fue reformado por decreto”.
A pesar de coincidir con Bullrich en la necesidad de modernizar la fuerza, Glinski criticó: “Imponer una reforma así, sin consenso y sin pasar por el Parlamento, no es fortalecer la seguridad, es debilitar la democracia y profundizar una visión autoritaria. No quieren una policía del Estado de derecho para cuidar a la gente, quieren una policía del Estado Policial para cuidar al poder”.
