Apenas asumido Javier Milei como presidente, La Rioja fue la primera provincia en alzar la voz contra la retención de fondos por parte del gobierno nacional. Primero lo hizo a través de declaraciones públicas, y luego mediante una presentación formal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hasta el momento sigue sin dar una respuesta.
En este contexto, el abogado Jorge Yoma —ex legislador y funcionario tanto a nivel provincial como nacional— junto al constitucionalista Andrés Gil Domínguez, presentaron ayer un nuevo y urgente pedido de pronto despacho en la causa que reclama al Estado Nacional el pago de 850 millones de dólares actualizados. Según indicaron, la retención de esos fondos impacta de forma directa en los servicios esenciales y en la calidad de vida de los riojanos. También exigieron que la Corte otorgue a La Rioja el mismo tratamiento que dio recientemente a las demandas iniciadas por Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.
“La justicia selectiva es una gravísima forma de injusticia”, señalaron, retomando un antiguo principio del Derecho Romano para advertir sobre lo que consideran una clara desigualdad de trato.
Con el correr de los meses, el reclamo se amplió. Hoy, son todos los gobernadores quienes advierten sobre las consecuencias que la falta de fondos puede generar en las provincias. Tal vez por eso, el Gobierno decidió convocar —por primera vez desde su creación hace casi un año— al Consejo de Mayo, un espacio que se había presentado como una herramienta de diálogo federal pero que nunca llegó a funcionar. En su momento, el gobernador Ricardo Quintela fue duramente criticado por negarse a formar parte del mismo.
