La Universidad de Buenos Aires (UBA) dio un paso fuerte contra el Gobierno: decidió iniciar acciones judiciales para exigir la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, pese a que el Ejecutivo la había promulgado y luego suspendido. La decisión fue unánime en el Consejo Superior, que se reunió el 22 de octubre.
Según el cuerpo colegiado, el decreto que paralizó la norma “altera el sistema republicano de frenos y contrapesos” y “quiebra la voluntad soberana del Congreso de la Nación”. El expediente que formaliza la demanda es el EX-2025-04995445-UBA-DME#REC, y el rector fue instruido a iniciar todas las acciones judiciales necesarias para que se cumpla la ley.
Crisis presupuestaria y salarial
El Consejo recordó que la universidad atraviesa una situación económica crítica. La UBA ya había declarado la emergencia presupuestaria y salarial, y la ley suspendida busca justamente garantizar el sostenimiento financiero de las universidades nacionales y la recomposición de los sueldos de docentes y personal nodocente.
“La no ejecución de esta ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la universidad pública argentina”, alertó el Consejo Superior.
Un impacto que se siente en todo el sistema universitario
La resolución se comunicó a todas las facultades, colegios secundarios, hospitales e institutos dependientes de la UBA. Las autoridades advirtieron que la suspensión del financiamiento profundiza la crisis universitaria y pone en riesgo el funcionamiento de la educación pública.
El reclamo surge tras la polémica del Gobierno, que promulgó pero luego suspendió no solo la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795), sino también la Ley de Emergencia Sanitaria Pediátrica (N° 27.796), argumentando el impacto fiscal. La UBA sostiene que el Ejecutivo tiene la obligación constitucional y legal de garantizar los recursos necesarios para sostener la educación pública y la institucionalidad democrática.
