Mientras el presidente Javier Milei promete sanear las cuentas públicas, los jubilados pagan el ajuste con una brutal pérdida del poder adquisitivo. Desde que el Gobierno impuso por decreto su nueva fórmula de movilidad, las jubilaciones mínimas cayeron un 32% en términos reales, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Si se hubiese mantenido la fórmula del gobierno anterior, hoy la jubilación mínima sería de $403.302. Sin embargo, con la receta libertaria, ese monto quedó en apenas $304.726. A pesar de los aumentos por inflación, los haberes no logran recuperar lo perdido y los más golpeados son, como siempre, los que menos tienen.
Un recorte disfrazado de “equilibrio fiscal”
El DNU 274/24, firmado por Milei en marzo, barrió con la fórmula del Frente de Todos y ató los aumentos previsionales al Índice de Precios al Consumidor, pero con dos meses de retraso y sin cláusulas de recuperación. El Gobierno se escuda en la “responsabilidad fiscal”, pero para los jubilados, esa excusa se traduce en hambre y abandono.
Especialistas advierten que el nuevo cálculo solo fue conveniente en los primeros meses. Desde septiembre, la fórmula anterior habría dejado mejores resultados. Pero el Ejecutivo no solo no retrocede: tampoco aplica la ley de movilidad recientemente sancionada por el Congreso, que incluye mejoras para jubilados, aumento del bono y la extensión de la moratoria previsional.
El Congreso dio el primer paso, pero Milei ya prepara el veto
En un intento por frenar el deterioro, el Senado aprobó este jueves una ley que actualiza las jubilaciones en un 7,2%, eleva el bono de $70.000 a $110.000 y garantiza que ningún jubilado cobre por debajo de la línea de pobreza. Con esta suba, el haber mínimo más bono pasaría a $441.564 y el máximo a $2.231.111.
Además, se prorroga la moratoria hasta 2027, lo que permite que personas sin los 30 años de aportes accedan a una jubilación. Una herramienta clave en un país con millones de trabajadores informales.
Sin embargo, el Gobierno ya advirtió que vetará la ley. A través del artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, Milei asegura que no se pueden autorizar gastos sin indicar su fuente de financiamiento. Y si el Congreso insiste y logra rechazar el veto, en Casa Rosada anticipan que judicializarán la ley.
Ajuste para los de abajo, privilegios para los de arriba
Mientras los jubilados siguen perdiendo contra la inflación y la canasta básica, el Presidente se niega a mejorar sus ingresos. La promesa de libertad terminó en un recorte brutal para los sectores más vulnerables, mientras los sectores financieros y exportadores gozan de beneficios.
El mensaje es claro: para este Gobierno, equilibrar las cuentas se hace con el sufrimiento de los que menos tienen. Los jubilados, una vez más, son las principales víctimas del ajuste.
