El presidente Javier Milei firmó un decreto para eliminar la Dirección Nacional de Vialidad y otros entes vinculados al control y mantenimiento de rutas, en una decisión que el Gobierno asocia directamente con la condena a Cristina Kirchner por corrupción en la obra pública.
“Este organismo se creó para facilitar la corrupción”, disparó el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia en Casa Rosada. El anuncio incluye también el cierre de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
En su lugar, el Gobierno reorganizará la CNRT, que pasará a llamarse Agencia de Control y Concesiones de Servicios Públicos del Transporte, con nuevas funciones de fiscalización sobre las rutas y concesiones viales.
Además, Adorni anticipó que se abrirá el proceso de licitación de 9120 kilómetros de rutas que, según denunció, fueron “víctimas de décadas de despilfarro y corrupción”.
“La corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada por el Presidente”, sentenció el vocero, y remarcó que el decreto se enmarca en las facultades delegadas por el Congreso al Ejecutivo. También destacó que Milei no prorrogó esas facultades como sí lo hicieron otros gobiernos.
Cambios en el área vial y de transporte
Adorni justificó la eliminación de la Dirección de Vialidad recordando que era un organismo que “se controlaba a sí mismo”, lo que facilitó maniobras como las investigadas en la causa Vialidad. También afirmó que la Agencia Nacional de Seguridad Vial no podía operar sin apoyo de fuerzas de seguridad, función que ahora cumple Gendarmería, con más de 80 mil controles y 2,5 millones de vehículos supervisados al año.
En cuanto a la CNRT, aseguró que había quedado “vacía de funciones” tras la desregulación del sistema de transporte, y que sus tareas pasarán a la nueva agencia estatal.
Reestructuración en Salud
En la misma conferencia, Adorni anunció cambios en el sistema sanitario nacional: se unificó la administración de cinco hospitales (Sommer, Posadas, Carrillo, Bonaparte e Inareps) bajo una nueva estructura denominada Administración Nacional de Establecimientos de Salud.
También se eliminaron las delegaciones sanitarias federales y se derogó la facultad presidencial para crear nuevos hospitales bajo el formato SAMIC.
