Con un ojo puesto en el calendario legislativo, el presidente Javier Milei volverá este viernes a la Argentina tras su gira internacional más extensa desde que asumió.
El regreso marcará el inicio de una etapa de definiciones: el Ejecutivo se prepara para firmar una serie de decretos que vencen el próximo 8 de julio, en el marco de las facultades extraordinarias que le otorgó la Ley Bases.
Según fuentes oficiales, al menos trece decretos ya están listos para ser firmados en los próximos días. Los documentos contemplan nuevos recortes presupuestarios, el cierre de organismos públicos y reformas que el Gobierno considera estructurales, con el objetivo de dejar asentadas políticas clave antes de perder las herramientas excepcionales que le dio el Congreso.
Entre los organismos apuntados, se encuentra el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que podría atravesar una reestructuración profunda. No se descarta que la medida incluya despidos, venta de inmuebles y una reorganización completa del sistema de gobernanza. En la lista también figuran el Senasa, la ANMAT, la ANAC y el Instituto Nacional del Cáncer, cuya desregulación se anunció meses atrás pero aún no fue reglamentada.
Las áreas más comprometidas con esta batería de reformas serán los ministerios de Salud, Capital Humano y Economía. No obstante, desde el propio oficialismo reconocen que los tiempos legales para revisar y validar cada decreto podrían retrasar la implementación efectiva. A esto se suma un factor político: la posibilidad de que el clima mediático se vea alterado por hechos como el próximo feriado o, incluso, la potencial detención de Cristina Kirchner, un escenario que circula en los pasillos libertarios.
Más allá del contenido de los decretos, el Gobierno busca consolidar su estrategia de achique del Estado. En el último año, la planta de empleados públicos bajó de 322.000 a 292.000, según cifras oficiales. Al mismo tiempo, se mantiene el congelamiento de los sueldos de altos funcionarios desde diciembre, y crecen los reclamos de monotributistas del Estado que no ven actualizaciones desde octubre de 2023.
Otra incógnita se posa sobre el futuro del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger. Con el vencimiento de las facultades delegadas, su capacidad de intervención directa quedará limitada, aunque podría conservar un rol asesor dentro del esquema de toma de decisiones.
Con el reloj corriendo, el Gobierno acelera medidas que buscarán dejar una marca antes de que el tablero político cambie. Las próximas semanas serán clave para saber cuántos de estos decretos logran sortear los obstáculos legales y cuántos quedan atrapados en el camino.
