El presidente Javier Milei encontró un nuevo enemigo interno: los jueces laborales. Tras una seguidilla de fallos que bloquearon medidas clave del Ejecutivo —como el DNU que limita el derecho a huelga y elimina el Día del Trabajador del Estado—, el Gobierno decidió ir a fondo contra un fuero que considera “cooptado por el sindicalismo” y responsable de alimentar la “industria del juicio”.
Desde Casa Rosada aseguran que los magistrados se convirtieron en un obstáculo para las reformas libertarias y que están generando un daño millonario a las pymes. “Nos declararon la guerra”, lanzó sin filtro un alto funcionario, y adelantó que Milei empezará a exponer públicamente a los jueces que frenen sus políticas.
En la mira: jueces, abogados y hasta el fuero entero
Una de las primeras apuntadas fue la jueza Moira Fullana, quien declaró inconstitucionales artículos clave del DNU 340. El vocero presidencial, Manuel Adorni, no dudó en calificarla como “jueza militante” y denunciar un supuesto pacto entre el sindicalismo y ciertos sectores del Poder Judicial.
En paralelo, el Ejecutivo ya trabaja en una estrategia para trasladar parte del fuero laboral a la órbita porteña y así aprovechar el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de CABA. Si bien admiten que sin mayorías legislativas la movida tendrá un alcance limitado, el objetivo es claro: debilitar el poder del fuero nacional que, según Milei, protege privilegios en vez de impartir justicia.
Reformas, sanciones y motosierra judicial
El ataque no termina ahí. También hay reformas en carpeta para el sistema de Riesgos del Trabajo. Un informe de la UART encendió las alarmas: entre junio de 2024 y mayo de 2025 se iniciaron 126.700 demandas laborales, equivalentes a más de 6 millones de salarios mínimos. Y se proyectan hasta 130 mil juicios para este año.
Para el Gobierno, esto no se explica por más accidentes sino por un sistema judicial que fomenta litigios con pericias infladas, abogados oportunistas y tasas de interés desorbitadas. Por eso, ya se analizan sanciones contra abogados que impulsen demandas “fraudulentas” y la revisión de los criterios médicos que usan los jueces.
El déjà vu de Macri, pero con esteroides
La ofensiva recuerda a la que lanzó Mauricio Macri en 2017 contra la “mafia de los juicios laborales”. Pero esta vez el tono es más beligerante. Milei no se conforma con denunciar, quiere actuar: trasladar juzgados, exponer jueces, modificar leyes y cortar de raíz lo que considera un negocio montado sobre la espalda de las empresas.
La motosierra, ahora, apunta al corazón del Poder Judicial.
