La bandera del “fin de la casta” empieza a desteñirse en Tucumán. En el PAMI provincial, dirigentes de La Libertad Avanza repiten la vieja receta del acomodo: familiares en puestos clave, denuncias de favores políticos y un manejo que ya enciende alarmas.
El primo del ministro y la sobrina del diputado
El flamante interventor del PAMI Tucumán, Raúl Ernesto Iramain, no llegó solo por mérito. Su lazo de sangre lo dice todo: es primo del ministro del Interior, Lisandro Catalán, jefe político del mileísmo en la provincia.
Por otra parte, la sobrina del diputado nacional Gerardo Huesen, Rita Liseth Huesen, fue nombrada en la unidad de Banda del Río Salí. El legislador intentó despegarse rápido:
“No tuve injerencia en su designación. Mi vínculo con ella es distante”, escribió en X.
Una lista cada vez más larga
La periodista Marisa Suárez reveló que la red de designaciones libertarias en el PAMI tucumano no se reduce a esos casos. Entre los beneficiados aparecen:
Luciano Porta, hermano de Carla Porta (exfuncionaria imputada en RENAPER), en Las Talitas.
Rubén Alfredo Villagra, referente libertario en Alberdi.
Ricardo Burgos en Bella Vista.
Miguel García en Trancas.
Y nombres como Laura Javaloya, Giselle Isasmendi y Matías Buda, todos ligados a LLA.
La crítica que crece es que se está desplazando a la carrera administrativa para convertir al organismo que atiende a jubilados y pensionados en un botín político.
Entre desmentidas y sospechas de aportes
Huesen no solo se desligó del caso de su sobrina, sino que también salió a respaldar a Karina Milei y a Martín Menem tras la aparición de audios que hablaban de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
“No manejo estructuras del Estado ni acomodo familiares. Estas acusaciones son operaciones políticas para ensuciarme”, disparó.
Sin embargo, investigaciones de medios como Perfil advierten que varios de los designados en PAMI y Anses estarían aportando fondos de manera sistemática al partido oficialista bajo la modalidad de “aportantes hormiga”. Una práctica que, de confirmarse, podría abrir un nuevo frente judicial por el uso de recursos públicos con fines partidarios.
