Un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) puso en evidencia una realidad brutal: en el primer semestre de 2024, el 67,3% de niñas, niños y adolescentes en el país vive en la pobreza, la cifra más alta desde aquel 2001 marcado por la crisis económica y social más profunda de la historia reciente.
Este salto dramático no es casual. En solo un año, la pobreza infantil subió más de diez puntos porcentuales, desde un 56,6% en los primeros seis meses de 2023 al alarmante 67,3% actual. Esta tendencia negativa responde directamente a la alta inflación y a la pérdida del poder adquisitivo que trajeron las políticas económicas aplicadas por el gobierno de Javier Milei durante sus primeros meses.
El impacto de estas medidas económicas se siente con más crudeza en los sectores más vulnerables, donde los programas sociales como la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, aunque valiosos, no logran compensar la profundización de la crisis. De hecho, el informe recuerda que en el segundo semestre de 2023 la pobreza infantil había bajado al 52,8%, justamente gracias a esas políticas, pero la mejora fue parcial y claramente insuficiente para frenar la escalada.
Las cifras también revelan una Argentina profundamente desigual. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el índice de pobreza infantil es del 27,1%, el más bajo del país, en regiones del Norte como el NOA y el NEA la situación es desesperante. Ciudades y conglomerados como Gran Salta, Formosa, La Rioja, Gran Paraná y Gran Resistencia registran las tasas más elevadas, con picos en Concordia donde tres de cada cuatro niños viven en pobreza (75%).
Sólo en Jujuy-Palpalá se observa una leve excepción, con índices que logran ubicarse por debajo del promedio nacional en esas zonas. En cambio, regiones como el AMBA, el Centro y la Patagonia muestran algunas señales de mejora, aunque todavía lejos de una solución definitiva.
Esta realidad revela la profunda fractura territorial y social que sigue marcando a Argentina. Más allá de los discursos oficiales, los datos demuestran que las políticas económicas actuales no sólo no están resolviendo el problema de la pobreza infantil, sino que lo están agravando. La niñez argentina paga un precio altísimo por decisiones que profundizan la desigualdad y la exclusión, con consecuencias que se van a sentir en el mediano y largo plazo.
Es urgente repensar la agenda social y económica para garantizar que ningún niño o niña quede atrás. De lo contrario, seguiremos retrocediendo a niveles que creíamos superados, y condenando a toda una generación a la pobreza.
