Autoridades del INTA brindaron este lunes una conferencia de prensa para expresar su preocupación ante el posible impacto del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que prepara el Gobierno de Javier Milei. Aseguran que la medida podría afectar seriamente el funcionamiento de la institución y exponerla a recortes drásticos.
Del encuentro participaron Daniel Funaro, director del INTA Anguil; Juan Lux, coordinador de Extensión; Roberto Maldonado, secretario general de APINTA; Gabriela Volpi Lagreca, investigadora y secretaria de Finanzas del gremio; y Hernán Romero, asistente de planificación del Centro Regional.
Funaro destacó que el INTA lleva siete décadas de trabajo junto al sector productivo y advirtió que el DNU en cuestión pone en riesgo la estructura institucional del organismo, su carácter federal y su presencia territorial, especialmente en provincias como La Pampa. “No tenemos una mirada parcial. Abordamos integralmente el sistema productivo agropecuario, apostando al valor agregado”, afirmó.
El director remarcó que lo que está en juego no son cuestiones salariales, sino la autonomía institucional. Subrayó que la gobernanza del INTA se basa en una articulación público-privada que, de concretarse el DNU, podría desaparecer, llevando al organismo a abandonar su rol estratégico para convertirse en una estructura debilitada, con riesgo incluso de cierre de algunas agencias experimentales.
Funaro explicó que desde hace un año vienen dialogando con distintas instancias del Estado nacional sobre cómo reestructurar el organismo, pero que el escenario actual, con despidos de becarios y contratados, representa un fuerte golpe. “En Anguil somos apenas 25 personas. A nivel nacional hay unos 850 trabajadores entre becarios y personal transitorio. En nuestro laboratorio trabajan 5 o 6 personas, y si se van dos, directamente deja de funcionar”, alertó.
Además, mencionó que el año pasado se aplicó un plan de retiros voluntarios que redujo significativamente el plantel técnico. Solo en Anguil se fueron siete personas, muchas con formación especializada. “Formar un profesional lleva al menos una década. Recuperar esa capacidad no es tarea fácil”, lamentó.
Otro de los puntos preocupantes del DNU es que habilitaría al directorio del INTA a vender inmuebles y terrenos. “Ya se vendió el edificio de Cerviño en Buenos Aires, y ahora están en venta 25 hectáreas en Salta. Nuestros campos no son tierra ociosa: son espacios de experimentación y desarrollo”, explicó.
También rechazaron declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien afirmó que el INTA dispone de 3 mil vehículos para 6 mil trabajadores. “Esa cifra es falsa. El 60% de la flota está inutilizable y solo el 20% está en condiciones de circular. Este tipo de declaraciones demuestran una intención clara de desfinanciar y cerrar agencias”, denunció Roberto Maldonado.
En los últimos días, el INTA recibió el respaldo de municipios, legisladores y figuras políticas como el gobernador Sergio Ziliotto, el senador Daniel Kroneberger y la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso. También tienen previstas reuniones con diputados provinciales. “La preocupación es compartida por el sector agropecuario, que reconoce la importancia de nuestra presencia en el territorio. Pero necesitamos más. Hay que ver cómo se hace llegar esta preocupación a los espacios de decisión, como la Mesa de Enlace”, concluyó Funaro.
