La funcionaria del Ministerio de Economía, Ornella Calvete, presentó su renuncia en medio del avance de la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Calvete es hija del empresario Miguel Ángel Calvete, uno de los principales señalados por el fiscal Franco Picardi.
Hasta su salida, se desempeñaba como directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Palacio de Hacienda y actuaba como representante del Gobierno nacional en la Comisión del Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego.
Irregularidades, contratos y visitas sospechosas
Según reveló TN, el dictamen judicial detalla una serie de irregularidades en la adjudicación de contratos para medicamentos y prótesis, un negocio millonario manejado por la ANDIS. Entre las pruebas aparecen videos que muestran al entonces titular del organismo, Fernando Spagnuolo, entrando y saliendo de la casa de Calvete, quien operaba como intermediario ligado a proveedores farmacéuticos.
Los movimientos coinciden con un intercambio de audios entre ambos, en el que Calvete le indica: “Coroa, escuchame… hablás con (Julio) Play y mañana a primera hora te lo manda a donde le digas o mandale un fercho, en algún lugar disimulado…”. “Coroa”, según el expediente, sería el apodo de Spagnuolo.
El dictamen también registra al menos cinco visitas del empresario a la casa de Spagnuolo en un country bonaerense, entre junio de 2024 y mayo de 2025.
Transferencias, cheques y el rol clave de la pareja de Calvete
En los chats incorporados a la causa, Calvete menciona a su pareja, Guadalupe Ariana Muñoz, a quien le pide fondos para “subir” dinero al exfuncionario. Incluso hace referencia al “pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo”, una frase que los investigadores vinculan al presidente Javier Milei, quien efectivamente realizó un viaje oficial a ese país durante ese período.
Según la fiscalía, Muñoz cumplía tareas centrales en el movimiento del dinero: trasladaba efectivo, hacía transferencias, administraba cheques y manejaba la caja de seguridad del empresario.
Para Picardi, esos pagos eran la condición para asegurar contratos estatales en la ANDIS, organismo que maneja la provisión de insumos para personas con discapacidad.
Una “ventanilla de pagos” con sobreprecios
El dictamen del fiscal es contundente: la ANDIS habría funcionado como una ventanilla de pagos millonarios y direccionados, con adjudicaciones “fuera del marco legal” que violaban principios básicos de transparencia.
Además, sostiene que el organismo operaba como una estructura de pagos con sobreprecios, en beneficio de proveedores vinculados a funcionarios y a operadores externos con influencia en el sector de medicamentos e insumos de alto costo.
