Un fallo judicial le puso un freno al plan del Gobierno de reestructurar el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La jueza federal Martina Forns hizo lugar a un amparo presentado por ATE y ordenó suspender por seis meses los cambios impulsados por el Ejecutivo.
La decisión impide que el Gobierno avance con su intención de quitarle autonomía al organismo, como había sido planteado en la Ley Bases y el decreto 462/2025.
¿Qué buscaba el Gobierno?
El plan de la gestión Milei era transformar al INTI en un ente centralizado bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio, reduciendo su estructura y eliminando su conducción colegiada. Según el oficialismo, no se afectaban sus funciones, pero el trasfondo era claro: más control político y menos autonomía técnica.
ATE denunció un “vaciamiento encubierto”
El gremio estatal, conducido por Rodolfo Aguiar, alertó que la reforma representaba un golpe directo a la industria nacional y al empleo público. En su presentación judicial, ATE denunció violaciones a principios constitucionales como la legalidad, la división de poderes y la estabilidad laboral.
Aguiar fue más allá: “Milei quiere aniquilar la industria y la producción, pero no va a poder”, escribió en redes.
¿Qué implica la medida cautelar?
Durante los próximos seis meses, el Gobierno no podrá:
Reubicar ni trasladar personal.
Ejecutar despidos o suspensiones.
Poner a trabajadores en disponibilidad.
Eliminar ni fusionar áreas del instituto.
Es decir, el INTI sigue funcionando con su estructura original, al menos por ahora.
Un freno en medio de la ofensiva reformista
Este revés llega en un contexto complejo para la Casa Rosada, que intenta avanzar con una agenda de reformas profundas pero enfrenta resistencias cada vez más firmes en los tribunales y en la calle. Si la causa avanza y se declara inconstitucional la reforma, el golpe político para el Gobierno será aún mayor.
