El Gobierno nacional informó que, en el marco de auditorías para garantizar una distribución justa y eficiente, se suspendieron un total de 65.789 pensiones por invalidez laboral debido al incumplimiento de los requisitos establecidos.
Estas suspensiones responden principalmente a beneficiarios que no cumplieron con las condiciones mínimas para acceder al beneficio o que no asistieron a las auditorías convocadas sin justificación. Además, se reportaron 6.643 bajas por fallecimientos y 8.207 renuncias voluntarias a la pensión, lo que también contribuyó a la reducción del número de pensiones activas.
Las autoridades destacan que estas medidas buscan optimizar recursos y asegurar que las pensiones lleguen únicamente a quienes realmente las necesitan. A la vez, llaman a los beneficiarios a presentarse a las convocatorias y cumplir con los requisitos para evitar la suspensión de sus derechos.
El proceso de auditorías continuará en los próximos meses, con el objetivo de garantizar transparencia y equidad en la entrega de beneficios sociales para personas con discapacidad.
