Un nuevo operativo de seguridad frente al Congreso terminó con un jubilado detenido y denuncias de represión con gas pimienta contra adultos mayores.
Protesta semanal marcada por la violencia
Como cada miércoles, jubilados se concentraron en las inmediaciones del Congreso para reclamar por sus derechos y rechazar el ajuste económico del gobierno de Javier Milei. Lo que suele ser una marcha pacífica derivó nuevamente en tensión cuando la Policía Federal intervino para impedir el corte de la avenida Rivadavia.
Las cámaras registraron el momento en que un jubilado fue detenido, aunque aún no se conocen los motivos. Además, varios manifestantes denunciaron que efectivos rociaron gas pimienta directamente en el rostro de adultos mayores, lo que obligó a la presencia de personal médico en el lugar.
“Avanzá”: la orden que desató la confusión
Entre gritos y empujones, un jefe de Gendarmería y Prefectura fue captado ordenando a sus subordinados: “Vamos a sacar la gente, ¡avanzá!”. Sin embargo, los efectivos terminaron retrocediendo ante la resistencia de los manifestantes, dejando escenas de violencia que volvieron a encender críticas contra la gestión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El historial represivo bajo Bullrich
Desde su regreso al Ministerio de Seguridad en diciembre de 2023, distintos organismos de derechos humanos han denunciado un aumento en la represión de protestas sociales:
Protocolo Antipiquetes (diciembre 2023): habilita la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad en cortes sin orden judicial, siendo cuestionado por el CELS por criminalizar la protesta.
Represión en el Congreso (enero-febrero 2024): durante el debate de la Ley Ómnibus, se registraron gases, balas de goma y detenciones de manifestantes y periodistas.
Movilizaciones de jubilados (marzo 2024): uno de los operativos más violentos dejó más de cien detenidos y decenas de heridos, incluido el fotógrafo Pablo Grillo, alcanzado en la cabeza por una granada de gas lacrimógeno disparada irregularmente.
Denuncias internacionales: la CIDH y la ONU recibieron alertas de organizaciones como CELS y la Comisión Provincial por la Memoria sobre un patrón de represión y detenciones arbitrarias.
Un conflicto que no cede
El gobierno de Milei asegura que las medidas buscan garantizar la libre circulación, mientras que organizaciones sociales denuncian que el verdadero objetivo es desalentar la protesta y criminalizar a los sectores más vulnerables, como los jubilados.
Cada miércoles, el Congreso se convierte en escenario de un enfrentamiento creciente entre los reclamos sociales y el endurecimiento de la política represiva.
