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Tensión en la ANDIS: protestas, reclamos y una reunión fallida con el interventor Vilches

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) fue escenario de una jornada caótica este jueves. Manifestantes irrumpieron en la sede de Belgrano para exigir mejoras salariales, la actualización de pagos y el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya aplicación fue suspendida por el Gobierno.



Protesta y caos en el edificio

La protesta comenzó frente a la sede de la ANDIS, sobre avenida Cabildo al 3000, pero pronto se desbordó. Trabajadores, prestadores, pacientes y familiares de personas con discapacidad rompieron el vallado e ingresaron por la fuerza al edificio para reclamar una reunión con las autoridades.

“Estamos recansados ya, por eso entramos”, dijo la actriz Valentina Bassi, una de las presentes. “Que no acepten el petitorio es un destrato, un maltrato”, agregó tras el breve y tenso encuentro con el interventor Alejandro Vilches, quien —según los manifestantes— se negó a recibir el documento con sus reclamos.

Entre las demandas figuran la actualización de aranceles, la regularización de pagos atrasados, la reforma del sistema de pensiones no contributivas y el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad.

Ley suspendida y malestar creciente

El conflicto se da en un contexto de alta tensión política y judicial en torno a la gestión del organismo. El mes pasado, el Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero suspendió su aplicación hasta disponer del presupuesto correspondiente.
La medida, firmada por Javier Milei y Guillermo Francos, fue justificada por “falta de financiamiento específico”, aunque las asociaciones civiles y la oposición la calificaron de “abandono del Estado”.

Desde el Congreso, distintos bloques preparan un pedido de interpelación contra Francos, mientras el oficialismo argumenta que “no hay recursos suficientes” para implementar la ley sin afectar otras áreas del gasto público.

ANDIS bajo la lupa

A todo esto se suma que el organismo continúa siendo investigado por presuntas irregularidades en contrataciones durante la gestión de Diego Spagnuolo, ex titular desplazado e imputado por la Justicia.

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